Se trata de un abogado, a quien se le impuso una pena de seis años y seis meses de prisión de cumplimiento efectivo por liderar una asociación ilícita. Quedó inhabilitado por cinco años y deberá resarcir a las víctimas
Un abogado de 62 años, identificado como Antonio Di Benedetto, fue condenado a seis años y seis meses de prisión de cumplimiento efectivo por haber sido el jefe de una asociación ilícita que realizaba estafas inmobiliarias en el sur de la provincia.
La sentencia fue impuesta por el juez Benjamín Révori en el marco de un juicio en el que se abreviaron los procedimientos y que se llevó a cabo en los tribunales de la ciudad de Venado Tuerto. Por su parte, el fiscal que investigó los hechos ilícitos y que representó al MPA en el debate es Matías Merlo.
Di Benedetto también fue inhabilitado por cinco años para ejercer su profesión, deberá pagar 3 millones 500 mil pesos en concepto de reparación del daño a las víctimas y 1 millón 500 mil pesos de costas judiciales.
La sentencia impuesta es por la autoría del delito de asociación ilícita en calidad de jefe; y la coautoría de estafas reiteradas; tentativas de estafas reiteradas; falsificación ideológica de documento público reiterada; falsificación material de documento privado reiterada; y uso de documento falso reiterada.
Además de Di Benedetto, otras 15 personas ya fueron condenadas en el marco de la misma investigación. En tanto, otro hombre investigado será juzgado en el marco de un juicio oral y público que será agendado por la Oficina de Gestión Judicial (OGJ).
El fiscal Merlo valoró que “logramos condenas de prisión efectiva, reparaciones económicas a las víctimas por un monto muy significativo”. Asimismo, destacó que “un total aproximado de 300 hectáreas de campos muy valiosos que fueron transferidas ilegalmente volverán a sus dueños”.
También subrayó que “la recepción de ese dinero por parte de las personas estafadas no impide que puedan iniciar las acciones civiles que consideren pertinentes”. En tal sentido, agregó que “estas sentencias en el ámbito penal en el que quedaron acreditados los hechos ilícitos, puede ser muy importante para la vía civil”.
Merlo también destacó que “entre los otros condenados hay abogados, escribanos y personas con conocimiento contable”.
Maniobras defraudatorias
“La investigación se inició a raíz de gran cantidad denuncias realizadas por las víctimas. Se hizo un detallado entrecruzamiento de datos en el Registro de la Propiedad y se resolvió crear un solo legajo”, precisó Merlo.
El funcionario del MPA sostuvo que “la organización comenzó a operar de forma permanente y mantenida en el tiempo hace nueve años. Estaba perfectamente montada, con la misma gente involucrada, el mismo modus operandi y el mismo objetivo común”. En tal sentido, agregó que “el fin que se proponían era la realización de diversas maniobras fraudulentas para apoderarse de los inmuebles pertenecientes a personas ancianas o ya fallecidas, ubicados en el departamento General López y en el sur provincial”, agregó.
Merlo explicó que “como toda organización delictiva, tenía una estructura para llevar a cabo los ilícitos, con reparto de funciones para lograr eficiencia y con jerarquías entre sus integrantes”.
“De la investigación se desprende que para concretar las maniobras, los integrantes de la asociación ilícita –con pleno conocimiento de su accionar– confeccionaban los instrumentos jurídicos que necesitaban. De esta manera, desapoderaban a los titulares registrales de los inmuebles afectados para transferirlos a nombre de alguno de los integrantes de la asociación ilícita y/o de terceros”, explicó Merlo.
Otros 15 condenados
Además de Di Benedetto, las otras 15 personas condenadas son Raúl Alberto Jaime; María de los Ángeles Sarrias; Danisa Elisabet Pintos; Luis Celio Restovich; Eugenio Luis Casadei; Ángel Emilio Moreale; Fernando Astigarraga; Walter Diaz Franco; Roberto Miguel Sainz; Alberto Enrique Long; Alejandro Dalla’rmellina; Milena Fischer; Juan Carlos Rullo; Luis Alejandro Bentati; y Marcelo Alejandro Rodríguez.
A Jaime se le impuso una pena de cinco años de prisión de cumplimiento efectivo, mientras que Sarrias, Pintos y Restovich deberán cumplir una pena de cuatro años de ejecución efectiva. A las otras personas se les impusieron penas de ejecución condicional, en algunos casos también inhabilitación para ejercer sus respectivas profesiones y el pago de reparaciones económicas a las víctimas.
Los delitos por los que fueron condenados son asociación ilícita y estafa. Asimismo, algunos de las personas también fueron condenadas por los delitos de falsedad ideológica; falsificación de documento privado y de documento público y uso de documento falso.
Por otra parte, un hombre de iniciales MJS será juzgado en el marco de un juicio oral y público –cuya fecha deberá fijar la OGJ– por integrar la asociación ilícita. Además, el fiscal Merlo solicitó la declaración de reincidencia en función de que ya tiene una condena dictada en diciembre de 2012.