La condena, por "estrago culposo agravado", se vincula con lo ocurrido el 2 de octubre de 2011 a las 10:30 horas en la maratón impulsada por la Fundación Universidad de Palermo
La Cámara de Casación porteña confirmó las condenas a tres años de prisión en suspenso para dos responsables de la organización de una maratón que se disputó en 2011 y que causó heridas a ocho participantes.
La condena, por «estrago culposo agravado», se vincula con lo ocurrido el 2 de octubre de 2011 a las 10:30 horas en la maratón impulsada por la Fundación Universidad de Palermo, que comprendía dos carreras, una de tres kilómetros y otra de diez.
«En momentos en que se desarrollaba el evento de premiación y entrega de medallas a los participantes, llevado a cabo en la plaza de las Américas (Monroe y Figueroa Alcorta) se produjo la caída de una torre tubular de hierro de aproximadamente ocho metros de altura», describe el fallo.
De la investigación, surgió que «los montantes de esa torre de sonido estaban apoyados sobre el terreno simplemente a través de un caño roscado soldado a una placa de apoyo y una placa de madera entre la base y el suelo».
Ocho personas sufrieron lesiones leves, graves y gravísimas.
La más perjudicada fue Ana María Vaernet, quien sufrió «politraumatismo, traumatismo encéfalo-craneano grave con hemorragia subaracnoidea, fracturas múltiples costales, fractura en columna vertebral y cadera izquierda».
Esas lesiones –agrega el fallo- «le ocasionaron enfermedades corporales permanentes, incurables, la inutilizaron para trabajar de forma permanente, y a consecuencia de las mismas corrió grave riesgo su vida».
El Tribunal Oral número 13, integrado únicamente por el juez Enrique Gamboa, dispuso las condenas contra Néstor Talesnik, dueño de la empresa VT Estructuras, y de Ariel Ferreyra, quien tuvo a su cargo la colocación de las torres de sonido.
Ahora, los camaristas Mauro Divito y Gustavo Bruzzone rechazaron las apelaciones de las defensas y ratificaron las condenas.
Ambos imputados deberán respetar una serie de normas de conducta, entre ellas la inhabilitación por un año para desempeñar tareas similares y someterse al control del patronato de liberados.
Por otro lado, también podrían afrontar juicios civiles de reparación de los daños que se les atribuyen.