El lunes pasado, las Fuerzas Armadas de Myanmar tomaron el poder por un año y encarcelaron a Suu Kyi, de 75 años, y a cientos de parlamentarios y políticos argumentando fraude en las elecciones legislativas de noviembre pasado
Cientos de manifestantes realizaron la mayor protesta en Myanmar hasta ahora contra el reciente golpe de Estado y para exigir la liberación de los políticos detenidos, entre ellos la líder del derrocado Gobierno civil Aung San Suu Kyi, cuyo partido dijo hoy que está bajo arresto domiciliario en su casa en la capital del país del sudeste asiático.
«Está en arresto domiciliario en su casa (en Naipyidó) y se encuentra bien», dijo Kyi Toe, vocero de la Liga Nacional para la Democracia (LND), luego de que Suu Kyi fuera oficialmente acusada ayer de quebrantar una ley comercial, en lo que se interpretó como un intento del Ejército de dar base legal a su detención tras el golpe.
El lunes pasado, las Fuerzas Armadas de Myanmar tomaron el poder por un año y encarcelaron a Suu Kyi, de 75 años, y a cientos de parlamentarios y políticos argumentando fraude en las elecciones legislativas de noviembre pasado, en las que la LND aplastó al partido apoyado por los militares.
El golpe constituyó una abrupta marcha atrás en el proceso de retorno a la democracia de Myanmar, la antigua Birmania, después de casi cinco décadas de dictadura, y fue condenado por gran parte de la comunidad internacional, que exige la liberación de la Premio Nobel Suu Kyi y de todos los detenidos.
Esta semana, los militares golpistas bloquearon el acceso a Facebook, la puerta de entrada a Internet para millones de habitantes, luego de que se crearan grupos que llamaban a una «desobediencia civil» que desde entonces va creciendo, incluyendo una huelga de médicos en plena pandemia de coronavirus.
Hoy, luego de algunas manifestaciones esporádicas, cientos de personas, entre ellos estudiantes y docentes, se congregaron ante una universidad de Rangún, la capital económica del país, en la mayor protesta registrada hasta el momento contra el golpe de Estado.
Allí realizaron el saludo con tres dedos de la mano levantados, un gesto de resistencia, mientras cantaban una música que se hizo popular durante la revuelta de 1988, violentamente reprimida por el ejército birmano, y pedían «larga vida a la madre Suu».
«Mientras (los militares) conserven el poder, no vendremos a trabajar. Si todos hacemos eso, su sistema se va a derrumbar», aseguró el profesor de Historia Win Win Maw, en declaraciones a la agencia de noticias AFP.
En Naipyidó, funcionarios de varios ministerios dejaron temporalmente de trabajar en la capital y marcharon portando una cinta roja, color de la LND.
La víspera, abogados y médicos participaron en las protestas, mientras habitantes de Rangún daban bocinazos y golpeaban cacerolas por tercera noche consecutiva para «expulsar a los demonios».
Los generales, sin embargo, continuaron deteniendo a personas, pese a las condenas internacionales.
Win Htein, de 79 años, veterano de la LND, «fue detenido en el domicilio de su hija» el viernes de madrugada en Rangún, informó el vocero del partido.
«Sé que me van a detener, pero no me preocupa. Estamos acostumbrados a la lucha pacífica», había declarado el miércoles Win Htein, quien pasó detenido más de 20 años entre 1989 y 2010.
Cuatro días después del arresto de Suu Kyi, cerca de 150 responsables políticos han sido detenidos, según datos de la Asociación de Asistencia a los Presos Políticos, una ONG basada en Rangún.
Los acontecimientos en Myanmar generaron preocupación a nivel internacional.
El presidente estadounidense, Joe Biden, instó ayer a los generales birmanos, a «renunciar al poder» sin condiciones, mientras su administración se planteaba imponer «sanciones específicas» contra los militares golpistas.
El Consejo de Seguridad de la ONU expresó ayer su «profunda preocupación» y pidió «la liberación de todos los detenidos».
En una resolución redactada por Reino Unido, el Consejo no habló de golpe militar, como se había contemplado inicialmente. China y Rusia, que tienen poder de veto, se opusieron a una condena explícita.
Los militares birmanos, que instauraron el estado de emergencia por un año, prometieron elecciones libres al final de este período.