Los diputados que promueven la legalización del aborto consiguieron el pasado martes el dictamen de mayoría de cara a la sesión de este miércoles en la que el proyecto será debatido en el recinto de la Cámara, cuya votación aún tiene un final abierto, ya que están muy parejos los votos de quienes están a favor y en contra del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo.
En el plenario de las comisiones de Legislación General, Salud, Familia y Legislación Penal, los impulsores del proyecto de legalización del aborto obtuvieron 64 firmas y los que rechazan la propuesta sólo llegaron a 57.
Así, el proyecto expresado en los «pañuelos verdes» ganó el derecho de ser puesto en consideración en la sesión prevista para esta mañana, a las 11, y que se extendería por más de 20 horas hasta finalizar en la madrugada del jueves.
Sin embargo, el cordobés Juan Brugge, de la Democracia Cristiana aliada del peronismo cordobés, planteará que el tema no sea debatido porque «no cumpliría con tratados internacionales a los que adhirió Argentina».
En tanto, a pocas horas de la histórica sesión continúa achicándose el margen entre ambas posturas, dado que se pronunciaron en contra 122 legisladores y 118 apoyan la despenalización del aborto, en tanto que quedan 15 diputados que están indecisos o no quieren revelar su voto.
Estos números, sin contabilizar al presidente de la Cámara, el macrista Emilio Monzó, que no participa de la votación, y al kirchnerista Julio De Vido, suspendido por su arresto ordenado por la justicia.
De todos modos, ese conteo puede variar ya que algunos diputados podrían ausentarse y otros optarían por la abstención, una postura que les permite estar en el recinto sin definirse por ninguna de las dos posiciones.
Entre los diputados que hoy hicieron públicas sus posturas se encuentran la macrista Anabella Hers Cabral; los massistas Fernando Ascencio y Mirta Tundis; el kirchnerista Fernando Espinoza y los radicales Atilio Benedetti, Aída Ayala y Daniel Kronenberger, que se expresaron a favor de la legalización.
A última hora, finalmente, en lo que era un secreto a voces desde hace varios días, el presidente del interbloque Cambiemos, Mario Negri, anunció, mediante un texto en Faceboook, su apoyo al proyecto que propone la despenalización.
En tanto que Alejandro Grandinetti, del Frente Renovador, y Danilo Flores, del peronismo, finalmente anticiparon que votarán en contra.
Con estos números, permanecen 15 diputados indecisos o sin revelar sus posiciones, entre ellos el radical José Riccardo; el macrista Facundo Garretón; el massista José de Mendiguren y el kirchnerista Gustavo Fernández Patri, entre otros.
Durante la reunión de comisiones de ayer, el presidente de Legislación General, Daniel Lipovetzki, destacó «este proceso histórico iniciado en marzo» para debatir la despenalización y legalización del aborto y resaltó como se abordó la discusión al recordar que «en quince reuniones informativas tuvimos el placer de recibir a 738 expositores».
Por su parte, la presidenta de la comisión de Salud, Carmen Polledo, pidió incorporar más de cien mil nuevas firmas contrarias a la despenalización del aborto recolectas por organizadas denominadas «pro vida» y dijo que «ya son más de 500 mil las firmas (de la campaña) en defensa de las dos vidas».
Al abrir el debate, la diputada radical Brenda Austin explicó detalles de nuevas modificaciones incorporadas dictamen para permitir la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14, referidos a la confiabilidad del registro de los objetores de conciencia y penas a los profesionales de la salud por mala praxis.
El texto que llegará al recinto elaborado por los diputados que respaldan la iniciativa se basa en el proyecto de la Campaña por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, que ese colectivo presenta desde 2006, y recibió al menos cuatro modificaciones en busca de sumar mayores consensos y tentar a los legisladores aún indecisos.
Entre esos cambios se incorporó la objeción de conciencia, que habilitaría a los profesionales a ejercerla de manera individual pero no así a las instituciones de salud.
Otra de las modificaciones está vinculada al artículo que habilita a las adolescentes de entre 13 y 16 años a someterse a un aborto sin la autorización de sus padres, punto que quieren eliminar para que esa situación quede supeditada a lo dispuesto por el Código Civil y Comercial.
También se contempla el aborto después de la semana 14 en casos de «malformaciones fetales graves incompatibles con la vida extrauterina» y de violación, en los que bastaría una declaración jurada de la mujer para realizar la práctica, sin mediar intervención judicial.
Una última modificación consiste en poner a disposición de las mujeres que manifiesten voluntad de abortar la información necesaria para que tomen la decisión, que incluiría un período de reflexión obligatoria e incorporaría medidas para reforzar la educación sexual además de crear consejerías de atención integral a cargo de equipos interdisciplinarios para acompañar a la mujer antes y después de la interrupción del embarazo.
El proyecto establece que «en ningún caso será punible el aborto practicado con el consentimiento de la mujer» y contempla penas que van de 3 a 10 años al que practique un aborto sin ese consentimiento, que se elevan a 15 años en caso de muerte de la paciente.
Otro punto clave es que se obliga a los hospitales públicos, prepagas, obras sociales sindicales, del Congreso, de las Fuerzas Armadas y PAMI a realizar la práctica médica del aborto.