Este miércoles comenzó el juicio por un homicidio ocurrido en un festejo barrial de Navidad en Echesortu en 2017. El tribunal integrado está integrado por los jueces María Trinidad Chiabrera, Hernán Postma y Román Lanzón.
La madrugada del 25 de diciembre de 2017, los vecinos de barrio Echesortu festejaban Navidad en la calle cuando Cristian Mautone fue asesinado de un cuchillazo en la espalda que le perforó un pulmón. Quien está acusado de haberlo matado, Ángel Eduardo Ruiz, vivía cerca de Mautone, en la zona de la cortada Marcos Paz y Río de Janeiro. A las cinco de la mañana salió armado con una cuchilla en cada mano y acompañado de un pitbull a pedir a quienes estaban a cargo “cortá la música o te corto todos los cables, te corto todo”. Mautone estaba en el lugar y cuando vio que discutían se acercó para intentar calmar la situación, pero terminó siendo apuñalado.
Según la teoría del fiscal Sebastián Narvaja, esa fue la primera reacción de Ruiz, “violenta y desmedida que no reconoce justificación”. Además, dijo que ya había tenido actitudes similares con otros vecinos por distintas razones, haciendo alarde de tener experiencia en la manipulación de armas blancas, y que por haber sido empleado administrativo de la policía conoce la ley y como deben resolverse los conflictos, tras lo que solicitó se lo condene a 17 años de prisión.
Por su parte, el defensor Paul Krupnik dijo que aquella noche hubo dos víctimas: una fue Mautone y la otra su defendido, quien “se topó con la ausencia absoluta del Estado y el peor de los temores de un padre, la muerte de un hijo”. Criticó que el fiscal haya caracterizado como algo pintoresco el festejo barrial, el cual no tenía ningún tipo de control ni autorización, donde la música estaba a niveles extremos, había mucho alcohol y no solo gente del barrio sino que también personas de otros lugares: “un descontrol en la calle”.
Le hizo saber al tribunal que salir armado no fue la primera reacción de Mautone: antes llamó al 911 y lo derivaron a la GUM, quienes nunca le atendieron. Después probó llamando a la comisaría, pero tampoco tuvo respuesta. Mientras tanto, su hijo de un año y medio, que tiene síndrome de down, hipoacusia y había sido operado del corazón, estaba cada vez más nervioso, se golpeaba y se tiraba del pelo, lo que generó en él temor a que pudiera sufrir una cardiopatía.
Krupnik reconoció que Mautone no debió haber salido armado, pero antes lo había pedido de buena forma y le dijeron que era un “ortiba”, le tiraron un botellazo y lo agredieron, lo que hizo que sufriera un trastorno mental transitorio que le impidió comprender la criminalidad del acto, por lo que solicitó que se lo declare no punible.
Por último, para cerrar su alegato, preguntó al tribunal: “¿Quien llama al 911 para después convertirse en asesino? El mismo Estado que lo abandonó, que debía controlar aquella situación, hoy le pide 17 años de prisión”.