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Crisis en Bolivia

Cocacoleros aliados a Evo mantienen bloqueos y se movilizan


"Sigue siendo nuestro presidente constitucional, nuestro hermano presidente", aseguró Andrónico Rodríguez, vicepresidente de las Seis Federaciones del Trópico

«Sigue siendo nuestro presidente constitucional, nuestro hermano presidente», aseguró Andrónico Rodríguez, vicepresidente de las Seis Federaciones del Trópico

El movimiento cocalero aliado del ex presidente de Bolivia Evo Morales prometió hoy mantener el bloqueo de la ruta que une Cochabamba con el oriente del país y seguir movilizado, pese al acuerdo «de pacificación» que movimientos sociales firmaron con el gobierno de facto de Jeanine Áñez.

«Sigue siendo nuestro presidente constitucional, nuestro hermano presidente, Evo Morales (…). Nos debemos mucho respeto, mucha lealtad, mucha fidelidad a nuestro presidente, Evo Morales, por más que esté en otro país», aseguró Andrónico Rodríguez, vicepresidente de las Seis Federaciones del Trópico y posible sucesor de Morales como candidato en las próximas elecciones, en las que el líder derrocado no podrá participar.

Según la agencia de noticias EFE, el cabildo de cocaleros realizado en el municipio de Sacaba -uno de los epicentros de la represión militar y policial posterior a la renuncia y denuncia de golpe de Estado de Morales- decidió mantener la ruta bloqueada, seguir movilizados y reclamar la renuncia de las máximas autoridades del gobierno de facto.

«Se ha hecho aceptar el 98% de la demanda que se había planteado en diferentes cabildos. Se mantiene por su puesto compañeros y compañeras lo que ustedes habían expresado, la renuncia de algunas autoridades como el comandante de la Policía (Jaime Zurita), el ministro de Gobierno (Arturo Murillo) y la propia usurpadora del poder (la presidenta Jeanine Añez)», manifestó el dirigente de los cocaleros del trópico de Cochabamba, citado por el diario Los Tiempos.

Rodríguez y los cocaleros no rechazan la convocatoria a elecciones que acordó el gobierno de facto con el Movimiento al Socialismo (MAS) de Morales en la Asamblea Legislativa, pero sí la intención de Áñez de dar por pacificado el país y condenar a los manifestantes que siguen reclamando en las calles y rutas del país.

«Cuando algunos ya están preparándose para las elecciones, y están pidiendo gran parte de nuestro país elecciones presidenciales ya, nosotros seguimos movilizados y ahí ellos nos quieren encontrar sistemáticamente para desprestigiar la imagen del MAS y la imagen de los dirigentes», denunció el líder de los cocaleros.

Rodríguez no es el único que se niega a desmovilizarse y dejar atrás la crisis y los reclamos políticos. Hoy una multitud se concentró frente al edificio de la Defensoría del Pueblo en La Paz y acompañó a la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que se entrevistó con familiares de los muertos y heridos en la represión de los últimos días.

La multitud se congregó para exigir verdad y justicia por los más de 30 muertos y cientos de heridos este mes.

El secretario ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrao, escuchó los testimonios de las personas que lo esperaron en la avenida Villazón, en Sacaba, y también recorrió los lugares donde quedaron marcas de los impactos de bala, principalmente el puente Huayllani, a 10 kilómetros de allí, la escena de la primera represión masiva que dejó al menos nueve muertos.

El otro epicentro de la represión del gobierno de facto fue la localidad de Sensaka, en El Alto, donde se encuentra una planta de hidrocarburos, central para el abastecimiento de la capital, La Paz.

En medio de la visita de la CIDH, el gobierno de facto firmó un acuerdo con algunos líderes vecinales para levantar los bloqueos y retirar las barricadas a cambio del repliegue de los militares y policías, y el reconocimiento de que el presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y el ex candidato presidencial, Carlos Mesa, son personas no gratas en esa zona.

El gobierno de facto, además, prometió indemnizar a las víctimas y habilitar una interpelación en el congreso al ministro Murillo por la represión y los muertos que provocó.