Cinco ex presidentes de Perú enfrentan causas que pueden llevarlos a prisión, entre ellos Alan García, quien permanecía este lunes en la embajada de Uruguay en Lima, donde solicitó asilo después de que la justicia le prohibiera salir del país.
El mandatario peruano, Martín Vizcarra, habló el domingo por teléfono con su par uruguayo Tabaré Vásquez sobre el pedido de García, quien ingresó a la residencia del embajador uruguayo el sábado en la noche.
Vizcarra «le dijo a su colega que en Perú no hay persecución política», como alega García, y se comprometió a enviarle «información sobre el proceso» que enfrenta el exgoberante socialdemócrata, dijo el vicecanciller peruano Hugo De Zela a la AFP.
Las autoridades uruguayas deben ahora evaluar si el caso de García, quien es investigado por la fiscalía peruana por el escándalo de la empresa brasileña Odebrecht, se encuadra dentro de la Convención Interamericana de 1954 sobre el derecho de asilo.
«Si Uruguay considera que existen más elementos políticos que jurídicos, le concederá el asilo», dijo a la AFP un alto funcionario peruano, quien añadió que Montevideo «puede solucionar el caso en 30 minutos o en cinco años, porque la convención de asilo no especifica plazo».
A la residencia del embajador acudieron el domingo los hijos de García a visitarlo y se congregaron manifestantes a favor y en contra del asilo. También fue a verlo su exministro Jorge Alva Castro, quien fue golpeado por algunos manifestantes.
Vizcarra, quien ha ganado niveles récord de popularidad con una cruzada contra la corrupción, negó que exista persecución contra García u otros líderes políticos y tuiteó que «todos los peruanos debemos allanarnos a la justicia, sin excepciones».
El pedido de asilo fue criticado por políticos de gobierno y oposición.
«El Sr. García decía que se allanaba a las investigaciones y que se quedaba en el país porque no tenía nada que temer y ahora pide asilo en la Embajada de Uruguay. ¡Mentiroso y cobarde!», escribió en Twitter la líder izquierdista Verónika Mendoza.
El pedido de asilo «tomó por sorpresa al gobierno peruano», dijo el funcionario peruano a la AFP, debido a que el propio García había anunciado que no resistiría la prohibición de salida del país, solicitada el jueves por el fiscal anticorrupción José Domingo Pérez y aprobada el sábado por un tribunal.
Odebrecht y derechos humanos
Cinco ex presidentes peruanos enfrentan problemas con la justicia que pueden llevarlos a prisión: Alberto Fujimori (1990- 2000), Alejandro Toledo (2001-2006), Alan García (1985-1990 y 2006-2011), Ollanta Humala (2011-2016) y Pedro Pablo Kuczynski.
Son todos los ex mandatarios vivos que gobernaron Perú tras el fin del régimen militar en 1980: cuatro están salpicados por el megaescándalo de corrupción de Odebrecht y uno (Fujimori) por violaciones de los derechos humanos y corrupción.
Por el caso Odebrecht, García, Humala y Kuczynski tienen con prohibición de salida del país, mientras que Toledo escapó a Estados Unidos, donde enfrenta un pedido de extradición.
Odebrecht admitió ante la justicia que pagó 29 millones de dólares en sobornos a lo largo de tres gobiernos peruanos, incluido el segundo de García.
En tanto, Alberto Fujimori permanece desde hace un mes y medio en una clínica en calidad de detenido y debe volver a prisión cuando sea dado de alta, después de que la justicia peruana anulara el indulto que obtuvo en diciembre de 2017 mientras cumplía una condena de 25 años por crímenes contra la humanidad y corrupción.
Aunque el expresidente de ancestros japoneses no está involucrado en el caso Odebrecht, este caso salpica a su primogénita, la líder opositora Keiko Fujimori, quien está en prisión preventiva desde hace 19 días acusada de recibir aportes ilegales de campaña de la empresa brasileña en 2011.
«Iba a ser detenido»
El legislador Mauricio Mulder, del partido socialdemócrata APRA de García, aseguró a la radio RPP que fue esa agrupación la que le recomendó solicitar asilo «debido a que iba ser detenido después del pedido de impedimento de salida del país».
García denunció la semana pasada que el sistema judicial está «descabezado» por una supuesta intervención gubernamental, pero el presidente del Poder Judicial, Víctor Prado, rechazó sus afirmaciones.
Esta es la segunda vez que García solicita asilo. En 1992 pidió refugio en la embajada de Colombia tras el autogolpe de Fujimori y luego se exilió en Bogotá.
La justicia prohibió a García salir de Perú durante 18 meses, después de que la fiscalía ampliara una investigación por supuestos sobornos pagados por Odebrecht con el fin de adjudicarse un contrato para la construcción de la primera línea del metro de Lima durante su segundo mandato.