Los hechos de los que son acusados se dieron en el año 1976 en el Regimiento La Liguria
La Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia confirmó el procesamiento de 10 ex oficiales de Ejército y de la Policía del Chaco, acusados de torturas a dos soldados secuestrados en el año 1976 en el Regimiento La Liguria y sometidos a vejámenes en el Centro Clandestino conocido como la Brigada de Investigaciones.
Según informó el Ministerio Público Fiscal, ese tribunal resolvió esta semana la apelación y confirmó el procesamiento dispuesto por la jueza federal N°1 de Resistencia, Zunilda Niremperger, que imputó a los exmilitares y policías por los delitos de «privación ilegítima de la libertad» y «tormentos agravado por la condición de detenido político».
El fallo alcanza a los entonces militares Ricardo Reyes, Aldo Martínez Segon, Ernesto Simoni y Luis Alberto Patetta, y a los ex policías José Francisco Rodríguez Valiente, Gabino Manader, José Marín, Juan de la Cruz López, Héctor Roldán y Miguel Ángel Vittorello.
Las víctimas son Ramón Eduardo Luque y Ricardo Antonio Uferer, quienes en 1976 cumplían con el servicio militar obligatorio cuando en el mes de junio ese año fueron secuestrados por razones políticas, con diferencia de algunos días, en sus puestos de soldados en el Regimiento del Ejército La Liguria, con sede en Resistencia.
Los secuestrados fueron destinados al centro clandestino de detención donde en paralelo funcionaba la Brigada de Investigaciones de la Policía de Chaco, en el que afirmaron haber sufrido diversos tipos de torturas en la denominada «Sala Negra» y también en el sótano del edificio.
Luque y Uferer denunciaron que luego de septiembre de 1976 fueron enviados a la Alcaidía Policial donde también padecieron el régimen dado a los detenidos por razones políticas y tormentos, y que en 1977 ambos fueron trasladados al centro clandestino de detención «La Ribera», ubicada en Córdoba donde afirmaron que permanecieron cuatro meses en condiciones «deplorables» hasta regresar finalmente a la Alcaidía Policial de Resistencia.
Los jueces Rocío Alcalá y Simón Getzel fundamentaron la resolución en «la coincidencia de las testimoniales incorporadas a la causa plasman dichos relatos por resultar contundentes y verosímiles los testimonios vertidos por los denunciantes en distintas épocas e instancias procesales en relación a las condiciones de alojamiento en la Brigada de Investigaciones y la Alcaidía Provincial».
También consideraron que «tales declaraciones se erigen como el principal corpus probatorio» y que «habida cuenta de las especiales circunstancias que rodean dichas declaraciones», de ellas «puede colegirse sin hesitación los mecanismos utilizados por algunos funcionarios que intervenían en los procedimientos y sumarios practicados a los fines de lograr información».