La dirigente de Juntos por el Cambio se refirió a las denuncias por hacinamiento en uno de los centros de atención sanitaria de COVID-19 montados en la provincia gobernada por Gildo Insfrán
Elisa Carrió publicó un audio en su cuenta en Twitter bajo el título “gravísima violación de derechos humanos en Formosa”, en el que hizo duros cuestionamientos tras las denuncias por hacinamiento en uno de los centros de aislamiento para pacientes con COVID-19 montados en la provincia gobernada por Gildo Insfrán.
Infobae publicó este martes imágenes desde adentro del centro de aislamiento y se comunicó con la abogada y concejala de Formosa capital Gabriela Neme, quien radicó una denuncia contra Insfrán y el ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo provincial, Jorge Abel González, por “propagar la pandemia del coronavirus” e “incumplir con sus deberes de funcionarios públicos”. “Las personas contagiadas y las que todavía están esperando el resultado de su hisopado están todas juntas en el mismo lugar. No las dejan salir y comparten los baños, entonces lo que hay son centros de contagio”, señaló la letrada.
Gravísima violación de Derechos Humanos en Formosa pic.twitter.com/ehlDBIpTOv
— Elisa Lilita Carrió (@elisacarrio) January 19, 2021
Ante esta situación, Carrió publicó un audio en Twitter, en el que dijo: “Hay una gravísima violación de los derechos humanos en Formosa. El sometimiento, aislamiento y vejación en los establecimientos escolares portantes de personas que están prácticamente sitiadas durante 14 días para entrar a la provincia, aunque no tengan COVID, viola el tratado sobre la tortura, el derecho a circular y otra multiplicidad de derechos humanos básicos previstos también en la Convención Interamericana de Derechos Humanos”.
La mencionada Convención entró en vigencia el 18 de julio de 1978 y es una de las bases del sistema interamericano de promoción y protección de los derechos humanos, que obliga a los países que han adherido a adoptar medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarios para hacer efectivos los derechos y libertades, cuyo ejercicio, por algún motivo, no se puede garantizar. A la fecha han manifestado su consentimiento 25 naciones, entre las que se encuentra la Argentina.