Cada cuatro días una mujer denuncia haber sido víctima de violencia obstétrica en alguna clínica, hospital o centro de salud de Argentina al que concurrió durante el embarazo, parto o posparto, según las primeras estadísticas elaboradas por el organismo del Ministerio de Justicia de la Nación que centraliza la recepción de esos datos.
La Comisión Nacional Coordinadora de Acciones para la Elaboración de Sanciones de la Violencia de Género (Consavig) es la única dependencia del Estado nacional que desde inicios del año pasado registra esos reclamos cuyo recorte anual muestra que en 2017 se recibieron 89 denuncias por este tipo de violencia de género “ferozmente naturalizada”.
“Es bastante si pensamos que todavía hay otras bocas de recepción de denuncias, como la Defensoría del Pueblo, el Inadi o la Superintendencia de Seguros de Salud”, aseguró a Télam Perla Prigoshin, coordinadora de la Consavig.
Si bien se trata de un fenómeno de larga data, el creciente número de reclamos permite advertir que “las mujeres están tomando conciencia de sus derechos” consagrados en la Ley de Parto Humanizado, la Ley de Derechos de los Pacientes y la de Protección Integral para prevenir y sancionar la violencia contra mujeres, agregó.
Esta última norma define a la violencia obstétrica como “aquella que ejerce el personal de salud sobre el cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres, expresada en un trato deshumanizado, un abuso de medicalización y patologización de los procesos naturales”.
Y si bien “es una conducta ilegal en tanto va en contra de tres leyes, no constituye delito” a menos que vaya acompañada de otras acciones tipificadas como tales, como lesiones; razón por la cual las denuncias recorren solamente la vía “administrativa”, apuntó la abogada especializada en derecho de familia.
Las tres categorías de prácticas o situaciones que concentraron la mayor cantidad de denuncias por violencia obstétrica ante la Consavig fueron el “trato deshumanizado” (82%), “medicalización y patologización” (42%) y la “falta de información” (44%).
“El trato deshumanizado es como un gran contenedor de distintos tipos de conductas y se ve tanto en el equipo profesional que infantiliza a la mujer diciéndole ‘mamita’ o ‘chiquita’ porque no se toman la molestia de saber su nombre, como cuando no colocan rápidamente al bebé sobre el pecho de la madre apenas nace», explicó Prigoshin.
Además, «le ponen dificultades para estar acompañada o mantienen diálogos personales en el equipo mientras ella está viviendo un momento bisagra como es el parto”.
Para Prigoshin, la falta de información obedece a que los efectores de salud se erigen a sí mismos como “los dueños y protagonistas del parto” -siendo que ese lugar “es de la mujer”- y por eso “le ponen una vía (para inducirlo) y no le dicen por qué o deciden hacerle una episiotomía (incisión vaginal) y tampoco se lo explican”.
“La medicalización ocurre cuando se le da oxitocina a la mujer para apurar el parto a pesar de que todo viene normal, solamente porque así se hizo siempre; y la patologización se refiere a convertir un parto normal en una cesárea innecesaria exponiendo a la mujer y al bebé a una práctica que no está libre de riesgos solamente por cuestiones económicas, lo que se ve sobre todo en el ámbito privado”, dijo.
Las denuncias que recibe el organismo se pueden iniciar descargando de la página web del ministerio un modelo de nota que la damnificada debe llenar relatando lo sucedido para después entregarla personalmente o enviarla por correo a la Consavig, incluyendo su firma aclarada de puño y letra al final del texto y una copia del DNI.
“Estas estadísticas nos tienen que servir como insumo para enfocar los cañones e ir terminando con la violencia obstétrica. El primer trabajo que vamos a encarar es con los colegios profesionales porque los efectores de salud tienen una postura reticente a dejar de considerar esas conductas como meras ‘desinteligencias en el vínculo médico-paciente’”, señaló.
No obstante aclaró que no debe considerarse que los equipos que incurren en esta forma de violencia de género “son perversos que quisieron hacerle mal” a las mujeres que denuncian.
«Son profesionales formados en nuestras universidades que repiten prácticas aprendidas porque la currícula no incorporó la perspectiva de género y las leyes” que amparan a las mujeres.
Las denuncias se derivan al Inadi, la Defensoría del Pueblo o la Superintendencia de Seguros de Salud, quienes inician una investigación sumarial para verificar la existencia de prácticas o condiciones en el establecimiento señalado, que generen situaciones de violencia obstétrica.
Una vez finalizado, el organismo se pronuncia y, si corresponde, formula recomendaciones para que no se perpetúe la situación denunciada.