El Parlamento austriaco rechazó por unanimidad el texto en su forma actual, que fue firmado a mediados de 2019
El gobierno austríaco reiteró su oposición a un acuerdo comercial entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur y le pidió a Portugal, presidente pro témpore de su bloque regional, que evite «cualquier maniobra» para que se apruebe el tratado, que pese a algunos festejos de los países sudamericanos involucrados, sigue paralizado.
«Le pido que garantice que la votación sobre el acuerdo comercial UE-Mercosur pueda celebrarse de forma transparente, sin maniobras políticas y con plena atención pública», reclamó el dirigente del partido ecologista y vicejefe de Gobierno de Austria, Werner Kogler, en una carta dirigida al primer ministro portugués, Antonio Costa, a la que accedió la agencia de noticias AFP.
Kogler denunció «posibles intentos» de conseguir una aprobación, pese al rechazo o reticencias expresados por varios Estados miembros, como Austria, pero también Francia y Alemania, las dos principales potencias del bloque. «Esto no es aceptable», insistió el vicecanciller y agregó: «En nuestra opinión, el impacto de este acuerdo en la crisis climática es un factor decisivo».
El Parlamento austriaco rechazó por unanimidad el texto en su forma actual, que fue firmado a mediados de 2019 entre la UE y los cuatro miembros plenos del Mercosur -Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay- tras 20 años de negociaciones.
El acuerdo fue celebrado como una victoria por el entonces Gobierno de Mauricio Macri y por sus aliados en los otros países miembro. Sin embargo, poco después, influyentes voces europeas comenzaron a advertir que el acuerdo estaba lejos aún de convertirse en una realidad. En agosto de 2019 el presidente francés, Emmanuel Macron, dijo que se oponía «al acuerdo del Mercosur tal como está» y, más tarde, la canciller alemana Angela Merkel expresó «serias dudas».
Las principales críticas desde la UE provienen del sector del campo y ambientalistas. Los primeros temen que una liberación del comercio de commodities con los países sudamericanos destruya su competitividad, mientras que los segundos reclaman que el acuerdo incluya regulaciones claras y estrictas en la producción para la protección del ambiente.