La Federación Argentina de Cámaras Agroaéreas (Fearca) y la Asociación Nacional de Empresas Privadas Aeroagrícolas del Uruguay (Anepa) pusieron a disposición 200 aeronaves agrícolas con el objetivo de ayudar a Brasil a combatir los incendios que azotan al Amazonas.
La deforestación del Amazonas en Brasil prácticamente se duplicó entre enero y agosto de este año con respecto al mismo período de 2018.
Los fuegos actuales se encuentran a niveles similares a la media de los últimos 20 años y ya sufrieron más de 80 mil focos de incendios.
La Amazonia está considerada como el pulmón del planeta ya que es un vital recipiente de carbono que ayuda a disminuir el avance del calentamiento global.
Al respecto, el presidente de Fearca, Mauricio Fargioni, sostuvo que «hay muchísimos focos dispersos en diversas zonas, el área que cubre es inmensa y es la aviación agrícola, en la mayoría de los casos, la que está trabajando en la parte aérea».
Agregó que «ya fueron tres empresas de nuestro país a ayudar y, de parte de Brasil, hay varias empresas de aviación agrícola trabajando».
«Esta ayuda implica un replanteo de los gobiernos del Mercosur para tener en cuenta la importancia de contar con esta herramienta de rápida acción y que proviene de la aviación agrícola», explicó Fargioni y resaltó que «una de las acciones sería pensar en una estrategia para estas catástrofes de rápida disponibilidad».
En este sentido el pasado 9 de septiembre se reunieron, por primera vez, las tres entidades aeroagrícolas que integran el Mercosur.
Fue en una nueva reunión del Comité Aeroagrícola del Mercosur, esta vez en el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, con la presencia de Thiago Magalhaes Silva, presidente del Sindicato Nacional das Empresas de Aviação Agrícola (Sindag); Julio Placeres, titular de ANEPA del Uruguay y Fargioni por Fearca de Argentina.
Durante una larga jornada de trabajo, los participantes compartieron su historia, regulaciones y problemáticas las cuales, en algunos casos, son muy similares en los tres países y otras, muy particulares.
Entre las problemáticas generales se identificaron la gran cantidad de operadores clandestinos, legislaciones restrictivas y prohibitivas en municipios y estados, criterios de comunicación desalineados y una falta de compromiso de aeroaplicadores para con sus instituciones.