Argentina y otros cinco países de la región reclamaron a la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya, en un documento de tono muy severo, que inicie una investigación sobre violaciones a los derechos humanos que se habrían cometido en Venezuela bajo el régimen de Nicolás Maduro.
Tal como lo anunció ayer el presidente Mauricio Macri, durante su intervención ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, el canciller Jorge Faurie y sus colegas de Canadá, Chile, Colombia, Paraguay y Perú brindaron hoy en Nueva York detalles sobre la solicitud que sus respectivos gobiernos realizaron a la Fiscalía de la CPI para que determine si en Venezuela se cometieron crímenes de lesa humanidad.
Esta mañana, en una entrevista con Télam, Faurie había anunciado que Canadá se sumó a los demás países en el pedido, y adelantado que “hoy mismo” iban a enviar la presentación a La Haya.
Esta tarde, la Cancillería argentina subió a su cuenta de Twitter el texto completo del documento que se acordó finalmente enviar a la CPI.
La solicitud, presentada a través de una nota conjunta suscripta por los presidentes de los países mencionados, plantea a la fiscal Fatou Bensoudala, la necesidad de la apertura de una investigación que permita determinar si en Venezuela se han cometido crímenes de lesa humanidad a partir del 12 de febrero de 2014 y, en caso afirmativo, si cabe acusar de la comisión de tales crímenes a una o varias personas determinadas.
“Lo más relevante de lo que está mencionado en la carta que los Presidentes dirigen a la CPI, que es sumamente descriptiva, es cuando hacemos referencia a la situación particularmente dramática en Venezuela por la realización de detenciones arbitrarias, asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, torturas, atentados flagrantes contra el debido proceso”, anticipó Faurie, citando palabras textuales del documento.
El paper publicado en Twitter también pide que se investigue “una acción sistemática contra varones de entre 15 y 30 años, a los que, sin justificación, se les detendría o llevaría fuera de sus casas para acusarlos de actos que no habrían cometido”.
Faurie explicó que si se comprobaran estos hechos, «quedarían claramente configurados los crímenes de lesa humanidad, que nos llevan a actuar a todos, reivindicando que en este momento no sólo no existe la democracia sino que impera un mecanismo de dictadura” en ese país.
En un comunicado emitido por Cancillería en el que se informa sobre el tema, se resalta que la Argentina llevó el tema ante todos los foros internacionales, y agrega que “nuestro país considera que la solución a esta crisis debe ser pacífica, democrática y negociada entre venezolanos en el marco del estado de derecho”.
“La comunidad internacional puede contribuir a alcanzar esa solución a través de medidas coordinadas en el marco del derecho internacional que aumenten la presión internacional sobre el régimen de Maduro, por ello nuestro país confía en que la intervención de la Corte Penal Internacional contribuirá a aliviar el padecimiento del pueblo venezolano”, concluye la Cancillería.