La Argentina argumentará ante la justicia de Estados Unidos que la compra que realizó la empresa Petersen de las acciones de la petrolera YPF fue un acto de legalidad nula, en caso de no ser escuchado su reclamo de jurisdicción de los tribunales nacionales.
Los representantes legales de la Argentina y la empresa YPF se presentarán este jueves en el tribunal de la jueza del circuito sur de Nueva Yok, Loretta Preska, en el primer cara a cara con el demandante fondo de inversión Burford, en poder del derecho de litigio de las empresas Petersen Energía y Petersen Inversora.
En la audiencia, Burford insistirá -anticipó la semana pasada por escrito- en solicitar el juicio sumario del caso al considerar que se trata de cosa juzgada y avanzar en un nuevo encuentro entre las partes para decidir la cuantificación de los daños y los montos a pagar por la Argentina.
El país rechazó ese cierre del caso por entender que «carece de mérito legal y es prematuro» al entender que se le debe dar la posibilidad de presentar «los numerosos y sustanciales argumentos», e incluso plantear un proceso de discovery, recurso para pedir información y documentación de todas las partes.
La primera jugada del país será insistir en la jurisdicción exclusiva de los tribunales argentinos sobre las reclamaciones de Petersen bajo la ley local, tema que la Argentina pretendió que definiera la Corte Suprema de Justicia, que finalmente rechazó el recurso.
En caso de que Preska reafirme que el juicio proseguirá en su tribunal y no derivará en los estrados nacionales, la estrategia será «demostrar el procedimiento fraudulento» en la compra de 25% de las acciones del Grupo Petersen entre 2008 y 2011.
Como anticipó ante Preska en los últimos días, la Argentina demostrará que «Petersen, empresa ficticia española formada y controlada por ciudadanos argentinos, entró en un conjunto muy dudoso de acuerdos evidentemente falsos para adquirir sus acciones de YPF».
Las empresas Petersen adquirieron en 2008 a Repsol 15% de las acciones de la compañía y 10% adicional en 2011, por US$ 3.500 millones, pero «sin desembolsar un centavo» ya que se le permitía «hacer uso de los futuros dividendos de YPF para comprar sus propias acciones», consta en un escrito.
«Dada la naturaleza impropia, estos acuerdos son nulas ab initio, privando a Petersen de estar en condiciones para demandar» a la Argentina y a YPF por incumplimiento de contrato alguno.
De ser necesario, el país reclamará abordar «numerosos fundamentos legales» entre los que se plantean «la doctrina de forum non conveniens, los principios jurídicos de la comunidad internacional; y la falta de reclamos contractuales directos entre accionistas hasta la falta de legitimidad.
También se podrá apuntar, en caso de llegar a la instancia de alegatos, a la incapacidad de Petersen para la demanda porque ya no era un accionista de YPF cuando ocurrió la nacionalización de acciones en 2012; y al hecho de que el incumplimiento anticipado del contrato y el incumplimiento del deber implícito de buena fe y trato justo no son reclamos reconocibles bajo la ley argentina.