Con la ciudad como epicentro de las noticias narcocriminales, el 2022 será un año recordado por los crímenes, las detenciones, amenazas y violencia
Por Luciano Couso y Hernán Chiesa – Télam
Ariel Máximo «Guille» Cantero, «Marcos» Estrada González, Miguel Ángel «Mameluco» Villalba, Esteban Lindor Alvarado y Raúl Martín «Dumbo» Maylli Rivera no solo tienen en común que están detenidos o condenados por ser jefes de bandas narcos en distintas ciudades del país, sino también que aún ostentan un poder que abruma: Rosario es una de las ciudades con mayor tasa de homicidios y tuvo un récord de asesinatos en 2022; en la villa 1-11-14 del Bajo Flores porteño el narcomenudeo convive con las balas de bandas que se atreven a ocupar espacios de poder; en el oeste del conurbano bonaerense murieron 24 personas y otras 80 se intoxicaron por consumir cocaína adulterada; y en el barrio Padre Mugica, de Villa Lugano, los vecinos viven amenazados por «soldaditos» que venden todo tipo de drogas.
Rosario volvió a ser en 2022 una de las ciudades con mayor tasa de homicidios del país al registrar hasta hoy 282 asesinatos, número que supera la cifra más alta desde que se llevan estadísticas oficiales, en un contexto de fragmentación de las bandas criminales que operan en el mercado del narcomenudeo y que emplean la violencia altamente lesiva como instrumento y marca de identidad.
El fenómeno narcocriminal, que con matices arrastra al menos una década en esta ciudad santafesina, escaló a tal punto este año que a mediados de mayo el pleno de la Corte Suprema de Justicia de la Nación decidió reunirse en Rosario, mientras el éxito de distintas investigaciones lograron el secuestro de 1.658 kilos de cocaína en un galpón del barrio Empalme Graneros que iba a ser exportada a Dubái y la detención de otros cuatro presuntos narcos en el Puerto de Rosario, por el envío de 1.500 kilos de cocaína que fueron interceptados en puertos de Brasil y Países Bajos.
Pero fue el conurbano bonaerense que se vio convulsionado a mediados de febrero de este año, cuando 24 personas murieron y más de 80 fueron internadas tras intoxicarse al consumir cocaína presuntamente comercializada en el asentamiento Puerta 8 de Tres de Febrero, y que estaba adulterada con «carfentanilo», un opioide que no se fabrica ni se utiliza en el país.
Las investigaciones consideraron que la droga adulterada se debió a un conflicto entre bandas dedicadas a la venta de cocaína al menudeo y se logró la detención de seis sospechosos, pero las miradas apuntaron desde un principio a un narco conocido en la zona de San Martín, llamado Miguel Ángel «Mameluco» Villalba, y a su hijo Iván «El Salvaje», ambos detenidos en la actualidad, a quienes jamás lograron imputarles las muertes.
Una escucha telefónica con uno de sus lugartenientes, llamado Matías Pare y Ruiz, alias «Mocho», lo compromete:
– Pare y Ruiz: Sacaron la droga fea. La sacaron a vender a la mañana.
– «Mameluco» Villalba: Son locos también, eso estaba todo para no tirarlo (a la venta). Estaba todo para guardar.
En la Capital Federal, en tanto, las investigaciones por narcotráfico se concentraron en dos de los puntos más conflictivos: la villa 1-11-14 del Bajo Flores, siempre comandada por el capo narco peruano «Marcos» Estrada González, y en el barrio Padre Mugica, en Villa Lugano, cuya cara visible fue Raúl Martín Maylli Rivera, alias «Dumbo», quien a fuerza de violencia y balas lideró la venta de todo tipo de drogas en esa zona de la ciudad.
«Las organizaciones criminales están divididas exactamente como las empresas. Persiguen un beneficio económico y para eso tienen una lógica igual a las empresas: tienen un CEO, tienen un operador de logística, tienen jefes de seguridad», ejemplificó el titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), Diego Iglesias, durante el Primer Consejo de Seguridad Interior que se realizó en marzo de este año, y puso como ejemplo a la organización narco de «Marcos», que opera desde hace 20 años en el barrio 1-11-14.
Tras una larga batalla judicial, «Marcos», quien permanecía detenido en el Complejo Penitenciario 2 de Marcos Paz tras ser condenado a 24 años de prisión, fue expulsado hacia su país de origen en junio pasado, mientras que «Dumbo», que permaneció prófugo durante meses y con una millonaria recompensa ofrecida por el Gobierno nacional para quien aportara datos sobre su paradero, fue detenido en Lima en noviembre último.
Pero Rosario fue casi todo el año el centro de atención. El 70% de los homicidios ocurridos allí este año tuvieron como contexto conflictos entre bandas ligadas al narcomenudeo y el 89 por ciento de los asesinatos se cometieron con armas de fuego, según los datos del Observatorio de la Seguridad Pública (OSP) de Santa Fe.
En 2022 tuvo lugar una singularidad: se triplicó el número de víctimas mujeres en relación a 2021.
Ese crecimiento del porcentaje de mujeres asesinadas se produjo en paralelo a la disminución de casos de femicidios o en los que se investigan componentes previos de violencia de género, lo que revela un presunto aumento de su participación en las tramas de las economías ilegales o como «blancos» de venganzas en el mundo del crimen, altamente masculinizado.
«Dentro de ese universo hay un alto porcentaje de casos en los cuales no hay situaciones de violencia de género sino que se dan en el marco de disputas territoriales y la narcocriminalidad», dijo a Télam un vocero del sistema de seguridad local.
Hasta mediados de diciembre se habían registrado 282 homicidios en el Departamento Rosario, cifra que supera el récord de 264 asesinatos, registrada en 2013.
La abogada y criminóloga rosarina, doctora en Antropología por la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA), Eugenia Cozzi, explicó a Télam en julio pasado sobre las víctimas que «éstos jóvenes son construidos socialmente como desechables, como ‘matables’, y sus muertes no generan demasiados efectos, no son investigadas ni sancionadas adecuadamente».
Desde esa perspectiva, dijo que «ahí lo que aparece es que esa violencia horizontal contra otro joven construido como ‘matable’, hay una cuestión que tiene que ver con la posibilidad de construir cierto prestigio, cierto honor, construir autoridad o poder, con los materiales socialmente disponibles» entre los jóvenes de barrios populares.
El fenómeno narcocriminal, que con matices arrastra al menos una década en esta ciudad santafesina, escaló a tal punto este año que a mediados de mayo el pleno de la Corte Suprema de Justicia de la Nación decidió reunirse en Rosario.
Los ministros del máximo tribunal «respaldaron» entonces a los jueces federales locales -solo hay dos en materia penal- y su presidente, Horacio Rosatti, reclamó «la decisión política de 8los tres poderes» para enfrentar con éxito el narcotráfico.
En un contexto creciente de homicidios, al mes siguiente fue condenado a prisión perpetua el capo narco local Esteban Lindor Alvarado, por comandar desde la cárcel una asociación ilícita acusada de homicidios, extorsiones, amenazas y balaceras contra edificios judiciales entre el 2012 y 2019.
Un testigo del juicio -cuya declaración había sido grabada en video con anterioridad y que fue asesinado antes del inicio del proceso oral- aseguró que Alvarado había «mandado a matar a más de 100 personas».
Enfrentado por años al otro grupo narco local resonante, la banda de «Los Monos», Alvarado fue condenado el 9 de junio en el fuero federal a 15 años de prisión por el envío de 493 kilos de marihuana de Rosario a la provincia de Río Negro.
El 26 de agosto tuvo lugar un hecho inusual en la ciudad, cuando la Policía Federal Argentina (PFA) secuestró 1.658 kilos de cocaína en un galpón del barrio Empalme Graneros que iba a ser exportada presuntamente a Dubái, camuflada en bolsas de pellets de maíz.
La investigación determinó que la droga solo estaba de paso en Rosario y que no tenía vinculación con las bandas criminales locales, dedicadas mayormente al negocio de la violencia y comercio de estupefacientes al menudeo.
El 1 de diciembre fue detenido en Emiratos Árabes Unidos Grabriel Londoño Rojas, un presunto narco colombiano sindicado como el dueño del cargamento secuestrado en Rosario.
Aquél operativo, que contó con el aporte de la agencia de control de drogas de Estados Unidos (DEA), precedió en un mes al allanamiento con cuatro detenidos realizado en el Puerto de Rosario el 7 de septiembre, por el envío de 1.500 kilos de cocaína que fueron interceptados en los puertos de Santos (Brasil) y Países Bajos entre junio y julio.
Ambos hechos de tráfico internacional de drogas pusieron la lupa sobre el rol de la denominada «hidrovía», por donde se transporta buena parte de la producción argentina hacia el exterior.