Como moneda de cambio para comprometer a los gobernadores en el plan de recortes en las provincias, el oficialismo analiza incorporar en el Presupuesto 2019 una adenda para suspender la rebaja del ingresos y otros impuestos comprendidos en el Pacto fiscal.
Altas fuentes parlamentarias del oficialismo a las que tuvo acceso NA dejaron trascender que en el afán de recuperar equilibrio fiscal, la aprobación del Presupuesto 2019, la prioridad en materia parlamentaria de la Casa Rosada para el segundo semestre, tendrá como anzuelo una serie de concesiones que desarmarían parcialmente el pacto fiscal que había sido anunciado en noviembre del 2017 con bombos y platillos como un hito en el camino para reducir la presión tributaria.
El martes pasado, los gobernadores del PJ Gustavo Bordet (Entre Ríos), Juan Schiaretti (Córdoba), Juan Manuel Urtubey (Salta), Domingo Peppo (Chaco) y Rosana Bertone (Tierra del Fuego) compartieron un almuerzo en la Casa de Entre Ríos en Capital Federal para preparar la estrategia que llevarán de conjunto en la pulseada que se viene por el Presupuesto.
Allí también estuvieron los jefes de los bloques justicialistas de ambas cámaras, Miguel Pichetto y Pablo Kosiner.
Hubo consenso en que si el Gobierno pretende que las provincias asuman el costo de la reducción de las transferencias no automáticas en un 74 por ciento, reducir la capacidad de recaudación impositiva terminaría por fundir las arcas.
En ese contexto, la suspensión del pacto fiscal es una idea de que gana fuerza y que el oficialismo ya tiene sobre la mesa, sin descartarlo.
Además, los caciques provinciales quieren garantizarse que el ajuste fiscal no recaiga únicamente sobre las espaldas de sus jurisdicciones, sino que también comprometa a la provincia y la Ciudad de Buenos Aires.
En ese sentido, buscan introducir en la negociación el planteo contemplado en un proyecto presentado por el bloque Justicialista de Diputados para que la Nación transfiera a la Ciudad y la provincia de Buenos Aires los costos operativos y de inversión de las redes de agua y cloacas de AySA y del servicio eléctrico de Edenor y Edesur.
En pie de guerra, la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal contactó en la última semana a intendentes peronistas en la búsqueda por sumar aliados para resistir esta iniciativa, que la obligaría a afrontar importantes gastos adicionales en un año electoral.
Según supo NA, el Gobierno ya acusó recibo de la propuesta de los gobernadores respecto de la transferencia de la jurisdicción de AYSA, Edenor y Edesur, y no se descarta que sea moneda de cambio en el marco de la discusión del Presupuesto.
Las mismas fuentes señalaron que «el diálogo está abierto» en la Cámara de Diputados, principalmente con el bloque Justicialista y el Frente Renovador, aunque explicaron que si no prosperase esta vía el Gobierno podría trabajar con el Presupuesto anterior.