El organismo solicitó que el máximo tribunal garantice que “se brinde una respuesta urgente a las más de 7.500 personas” que no pudieron volver a sus hogares por la pandemia de coronavirus
El 6 de noviembre pasado, Amnistía Internacional en Argentina realizó una presentación solicitando que se lleven a cabo “medidas urgentes” para resolver la situación de las personas varadas en Formosa, por el coronavirus. Este miércoles insistió con el reclamo y pidió la intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Son 7500 las personas que aún no pueden regresar a sus hogares en Formosa. “El pedido fue realizado en el marco de dos acciones judiciales bajo estudio del Máximo Tribunal presentados por afectados que se encuentran varados en distintos puntos del país”, indicaron en el comunicado.
El 5 de noviembre, Infobae reveló que el gobierno de Formosa acusó al juez federal Fernando Carbajal de “desestabilizar el sistema sanitario” por haber permitido el ingreso a la provincia de tres personas con Covid-19. El magistrado consideró que el Programa de Ingreso Ordenado y Administrado -decretado por el gobierno formoseño- es inconstitucional.
“En una carta dirigida al presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, la organización internacional expresó su preocupación por las medidas establecidas por el Programa de Ingreso Ordenado y Administrado de Formosa y destacó que es necesario que las iniciativas implementadas sean respetuosas de los derechos humanos”, dijeron desde Amnistía Internacional.
El organismo informó también que recibió denuncias de personas que solicitaron autorización para regresar hace meses y aún no tuvieron respuesta. “Algunas se encuentran esperando el permiso varadas en la ruta, sin acceso a condiciones higiénicas y sanitarias adecuadas y durmiendo en la intemperie. También hay situaciones de salud urgentes que no pueden ser atendidas o bien casos vulnerables a los que se les niega acompañamiento”, continúa el texto.
Amnistía Internacional asegura que casi 900 personas afectadas por esta situación presentaron recursos judiciales y esperan que sea la Justicia quien falle a favor de ellos para lograr el regreso a la provincia. El ministro de Gobierno Jorge González explicó: “Uno de los elementos para establecer un ingreso ordenado y administrado a la provincia es el domicilio real de la persona”.
La argumentación surgió tras la muerte de Mauro Ledesma, un joven de 23 años que fue hallado el domingo 11 de octubre por un grupo de pescadores en el río Bermejo, límite natural entre las provincias de Formosa y Chaco. El joven, que residía en la localidad formoseña de El Colorado, había aplicado el 25 de agosto para que le permitieran volver a su casa y reencontrarse con su mujer y su hija de 3 años, a quienes no veía desde principios de enero. El gobierno formoseño no se lo permitió y el joven buscó cruzar el río a nado y murió en el intento.
González comunicó: “A nosotros, en el Registro Nacional de las Personas (RENAPER), Mauro nos figuraba con domicilio de Córdoba. Desconozco si es cordobés, pero formoseño no es. Tampoco acompañó ninguna documentación que acreditara que vivía en Formosa. Además, toda su familia vive en Chaco”.
Y dijo: “Entre nuestras prioridades están los formoseños que quieren volver por problemas de salud o porque necesitan brindar asistencia a un familiar y también los jóvenes que se fueron a estudiar a otras provincias. El orden de prioridad son los formoseños y luego el resto”.
Quienes lograron volver a sus domicilios lo hicieron a través del recurso habeas corpus. Sin embargo, el gobierno provincial exigió que para poder ingresar debían abonar los gastos del test PCR y el alojamiento en hoteles para cumplir la cuarentena.
“En caso de no poder afrontar los gastos, los turnos disponibles para el ingreso a la provincia varían entre enero y abril de 2021. La Justicia federal de Formosa declaró la inconstitucionalidad del Programa de Ingreso Ordenado y Administrado, considerando inadmisible que quienes pudieran asumir los costos estuvieran en una situación de privilegio frente al resto del colectivo perjudicado por las medidas dispuestas. Dicha decisión fue confirmada por la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia”, relataron desde Amnistía.
E insistieron en que “la intervención del máximo tribunal resulta fundamental para garantizar que las políticas del gobierno de Formosa se guíen por los estándares internacionales de los derechos humanos y así resolver la situación de miles de personas que requieren que sus derechos sean garantizados”
El organismo también aseguró que recibió información “sobre las denuncias por las malas condiciones higiénicas y sanitarias en los centros de alojamiento preventivo, lugares en los cuales se realiza la cuarentena obligatoria una vez autorizado el ingreso”.