Los ministros de 25 países coordinan acciones para que no falte el alimento a 620 millones de consumidores de la región
Los Ministros y Secretarios de Agricultura, Ganadería, Pesca, Alimentación y Desarrollo Rural de 25 países de América Latina y el Caribe emitieron hoy un documento en el que informaron sobre las medidas que tomaron y las previstas para asegurar el abastecimiento de alimentos suficientes para los 620 millones de consumidores de la región, a la vez que llamaron a «impedir la especulación en este momento de emergencia».
El documento señala que «en la actualidad, los mercados de la región cuentan con suficientes alimentos para asegurar el abastecimiento», porque «los stocks globales de los principales alimentos están en un buen nivel, y las cosechas en los principales países productores han sido buenas».
Dieciocho millones de productores de alimentos y miembros de toda la cadena de distribución y comercialización de la región «siguen trabajando día a día en nuestra región para que los alimentos no falten en nuestras mesas», agrega el texto.
Los funcionarios destacaron que, «a diferencia de crisis anteriores, la oferta de alimentos se ha mantenido estable en el mundo y en nuestra región» de modo que «no existen razones que justifiquen aumentos importantes en los precios internacionales de los alimentos».
De tal modo, los funcionarios de los 25 países firmantes hicieron un llamado a «todos los actores del sistema alimentario, a impedir la especulación en este momento de emergencia».
De todos, advirtieron que «si la pandemia se extiende en el tiempo, las cadenas de abastecimiento de alimentos van a estar sometidas a mayor presión», por lo que «si todos los países nos esforzamos en mantener funcionando las cadenas locales, nacionales, regionales y globales de abastecimiento, podremos asegurar los alimentos de forma sostenible para toda la población».
«Para ello, nos comprometemos a actuar coordinadamente, intercambiando información y buenas prácticas, y a adoptar medidas apropiadas de acuerdo con la realidad de cada país», dijeron.
Entre esas acciones, destacaron la necesidad de «proveer asistencia técnica y financiera a los pequeños y medianos productores agrícolas, pesqueros, acuícolas, ganaderos, y pequeños y medianos agroindustriales, que aportan una alta proporción de los alimentos básicos para el consumo nacional».
En este sentido, los funcionarios regionales señalan que «sostener y, en algunos casos, aumentar su producción es esencial», lo mismo que «asegurar el funcionamiento regular de los mercados mayoristas locales, regionales y nacionales, asegurando su liquidez, el acceso a ellos de los productos y de los trabajadores, coordinando acciones en este mismo sentido con actores importadores y distribuidores de alimentos del sector privado».
Las acciones acordadas prevén desde programas de emergencia para optimizar el aprovechamiento de los alimentos «incluyendo aquellas que estimulen y faciliten el funcionamiento de bancos de alimentos», al monitoreo constante de «las cadenas logísticas» para «resolver expeditivamente cualquier cuello de botella que puedan reducir su funcionamiento».
Las plataformas de comercio electrónico de alimentos también son un objetivo para acompañar estas iniciativas, junto a otras medidas que ayuden a sostener las medidas de seguridad para reducir los contactos físicos para evitar el contagio durante la comercialización.
En este sentido, los ministros y secretarios acordaron «promover que las políticas fiscales o comerciales, que definan los gobiernos como parte de su respuesta al efecto económico de la crisis, no debiliten el funcionamiento normal del comercio regional y global de alimentos».
Esta declaración pública cuenta con el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y otros organismos multilaterales especializados, como el Programa Mundial de Alimentos (PMA), el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) y la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE), entre otros organismos.
Los países firmantes son Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, Dominica, Ecuador, El Salvador, Grenada, Guatemala, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Venezuela, República Dominicana, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y Granadinas, Surinam y Uruguay.