Los geriátricos investigados son el Apart Incas y el San Lucas, en el que se detectaron al menos 8 casos de coronavirus que ya se cobraron la vida de una persona
El caso del establecimiento Apart Incas es investigado por el titular de la fiscalía Penal Contravencional y de Faltas N° 8 de la Ciudad, Maximiliano Vence, aunque también hubo una consulta policial ante el juzgado federal a cargo de Rodolfo Canicoba Corral por lo que ese juez podría intervenir si se detecta que allí se cometieron delitos que corresponden a su fuero.
Canicoba Corral también recibió dos consultas policiales vinculadas con el geriátrico de Parque Avellaneda: una de días pasados vinculada a una empleada, que a pesar de haber detectado que tenía síntomas de Covid-19 no se aisló, y otra de hoy, luego de que se diera difusión pública a los casos de contagios en este establecimiento.
En relación al geriátrico evacuado anoche por personal del SAME (el Apart Incas) la investigación se inició por la denuncia de un familiar y apunta a determinar cómo se produjo el primer contagio que luego se extendió a un total de 14 personas y 4 empleados.
En el marco de este caso, Ignacio Trimarco, abogado de un grupo de familiares del geriátrico afirmó que «estamos preparando una solicitud de pedido de allanamiento para secuestrar las historias clínicas de los pacientes como el registro de las personas entrantes y salientes del lugar y la atención médica que se le dio a cada uno».
Y agregó que están «trabajando en un pedido de detención para los titulares de la institución como para los médicos involucrados. Eso por el delito de abandono de persona de los residentes del geriátrico y por haber contraído una enfermedad que tiene una expectativa de pena de máxima de 10 años de prisión».
En el marco del expediente por el geriátrico de Belgrano también se investigará también si el Ministerio de Salud de la Ciudad cumplió con los protocolos y se hizo presente en el establecimiento tan pronto como le fueron informados los contagios o se produjeron demoras de algún tipo, dado que desde el geriátrico hicieron trascender se manejaron de acuerdo a los protocolos impartidos por la Ciudad.
El fiscal Vence trabaja para que las declaraciones públicas realizadas por los familiares sean ratificadas por videoconferencia o por correo electrónico para luego avanzar con distintas medidas de prueba.
En el caso del geriátrico de San Lucas, de Parque Avellaneda, los familiares de los adultos mayores allí alojados se reunieron en la puerta del establecimiento para reclamar a las autoridades del PAMI y del Gobierno porteño que se realicen testeos a 46 residentes, luego de que se produjera una muerte y se registraran 7 casos de contagio de coronavirus.
El pasado sábado un grupo de adultos mayores del geriátrico que se encontraban con síntomas de la Covid-19 fueron derivados a distintos hospitales porteños, donde uno falleció con un positivo confirmado, lo que hizo que los familiares del resto de los internos iniciaran un reclamo para saber sobre la situación del establecimiento, explicaron los familiares a Télam.
Un comunicado del Hogar San Lucas enviado a los familiares de quienes viven allí indicó que «son siete los casos de la Covid-19 positivos y tres pendientes de resultado; una persona fallecida y el resto alojados con normalidad».
«Creeríamos que el caso 0 fue originado por un auxiliar de enfermería que ocultó los síntomas de aquella enfermedad al ingerir paracetamol unos cinco días antes de faltar a su trabajo, para lo cual presentó certificado médico con fecha 16 de abril de 2020», aseguró el texto enviado a familiares.
En ese sentido, el juez Canicoba Corral abrió una causa penal contra Zunilda Maria Torrente Morenigo (42) por el artículo 202 del código penal que reprime a quienes propaguen una enfermedad contagiosa dado que semanas atrás se había hechos un test de coronavirus en una clínica de Lomas de Zamora y a pesar de haber tenido síntomas no dejó de ir a trabajar.
El expediente se abrió luego de que la mujer asistió -días atrás- a hacerse otro test en el Hospital de Clínicas y le refirió a los médicos que aún aguardaba un resultado pero que no había suspendido su actividad diaria, por lo que quienes la atendieron dieron aviso a la policía.
A ese expediente se sumó hoy otra consulta policial de la comisaría 9 c de la Ciudad de Buenos Aires que se presentó de oficio en el geriátrico luego de que se hicieran públicos los casos de contagio y constató que Torrente Morenigo figuraba en la nómina de empleados, según informaron a esta agencia.
Los hechos fueron notificados al Ministerio de Salud de la Ciudad, a las autoridades del SAME y al área de habilitaciones del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, informaron fuentes judiciales.
En tanto, de otro geriátrico porteño (Beit Sion, del barrio de Flores) se supo hoy que registró 35 casos de coronavirus, lo que obligó a realizar el aislamiento preventivo de muchos de sus internados, aunque, al menos por ahora, no es un caso que se investigue desde la justicia, informaron fuentes judiciales.