Efectivos de la Policía Federal y miembros de la AFIP registraron hoy el domicilio de la ex presidenta Cristina Kirchner en la ciudad santacruceña de El Calafate en cumplimiento con el tercer allanamiento ordenado por el juez federal Claudio Bonadio y, tras seis horas de tareas, se decidió suspenderlo para continuar mañana.
El operativo se llevaba a cabo en el marco de la causa que investiga el presunto cobro de sobreprecios y pago de coimas en la obra pública durante el Gobierno anterior, a partir de la aparición de una serie de cuadernos con anotaciones del chofer Oscar Centeno.
Pasadas las 15:00, los uniformados de la fuerza de seguridad y los inspectores de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) ingresaron a la casa ubicada sobre la calle Padre De Agostini junto a perros entrenados para allanamientos.
En la puerta del lugar aguardaban un grupo de militantes kirchneristas, que cuestionó el operativo al grito de «cirqueros, no van a encontrar nada», así como también protagonizaron un altercado con los móviles televisivos que cubrían el hecho.
Los encargados de realizar el allanamiento fueron recibidos por uno de los abogados y la encargada de la propiedad patagónica.
Horas más tarde, a las 17:00, se sumaron a las tareas efectivos de la Gendarmería Nacional, que también aportaron distintos elementos de tecnología como scanners para registrar las paredes.
Cerca de las 21:00, se decidió suspender el allanamiento para continuarlo este sábado.
Mientras tanto, la ex jefa de Estado permanecía en la Ciudad de Buenos Aires y volvió a pasar la noche en el departamento de su hija, Florencia Kirchner, en el barrio porteño de Constitución, luego de que su inmueble del barrio porteño de Recoleta fuera allanado el pasado jueves durante 13 horas.
Además del operativo en el edificio de Uruguay y Juncal, la Policía Federal y la AFIP habían registrado la casa ubicada en Mascarello 443, en la ciudad santacruceña de Río Gallegos.
Todos los allanamientos se dieron en el marco de la causa por el presunto pago de coimas en la obra pública durante la gestión del kirchnerismo ordenados por el titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal número 11, quien el último miércoles había recibido la autorización del Senado para proceder con las medidas de prueba en los domicilios de la líder de Unidad Ciudadana.