La firma produce la marca “La Muñeca”. Su dueño había declarado como testigo y ahora quedó imputado. El Estado iba a pagar casi $20 de sobreprecio por cada paquete de 1 kilo
Las empresas intermediarias que le vendieron alimentos al Estado por la emergencia sanitaria no habrían sido las únicas beneficiadas con los sobreprecios. La Justicia puso la lupa sobre una empresa productora del azúcar “La Muñeca”, que iba a vender 680 mil kilos a través de dos intermediarias. El fiscal Guillermo Marijuán sospecha que esa firma conocía la maniobra y se benefició con la misma. Por ese motivo, pidió allanar sus instalaciones.
Los operativos fueron ordenados por el juez federal Rodolfo Canicoba Corral y estuvieron a cargo de la Policía Federal. Se allanaron dos inmuebles de la empresa “Comercializadora del NOA SRL” en el Parque Industrial de Tigre y en la localidad de José León Suarez (San Martín).
El juez pidió secuestrar toda la documentación “vinculada con facturación, recibos, contratos y demás constancias que den cuenta de compra y venta de los productos alimentarios investigados como así también al secuestro de toda documentación que pudiera verificar la existencia de vínculos preexistentes entre las firmas invitadas a ofertar en los expedientes de contrataciones públicas del Ministerio de Desarrollo Social”.
La semana pasada, Canicoba Corral y Marijuán ya habían allanado las seis empresas que fueron adjudicadas por Desarrollo Social y también le pidieron toda la documentación a esa cartera.
La compra directa de alimentos por 543 millones de pesos generó hasta ahora la renuncia de 16 funcionarios de la cartera que conduce Arroyo, incluyendo al ex director de Compras y Contrataciones, el contador Mariano Rueda, y a Gonzalo Calvo, que estaba a cargo de la Secretaría de Asistencia Crítica.
En su denuncia, Rodríguez sostuvo que hubo una compra dirigida a un grupo reducido de empresas que están “en manos de dos o tres grupos de oferentes”: los dueños de Copacabana, el Grupo L, y la familia Toscano, dueños de Alimentos Generales y Sol Ganadera.
También dio por probado que hubo sobreprecios en todos los rubros y un perjuicio patrimonial para el Estado.