El ex director ejecutivo del PAMI durante el kirchnerismo, Luciano Di Césare, fue absuelto en un juicio oral y público en su contra por «administración fraudulenta» tras haber invertido unos 2.800 millones de pesos de la obra social de los jubilados en Letras del Tesoro (Letes), pero el fiscal de la causa descartó la existencia de delito en esa maniobra financiera, informaron hoy fuentes judiciales.
Di Césare era juzgado desde febrero pasado en una causa en la que quedó procesado por decisión del juez federal Claudio Bonadio, pero el Tribunal Oral Federal 2 lo absolvió luego de que, en su alegato final, el fiscal de juicio, Diego Velasco, descartó la existencia de algún delito.
Para el fiscal, en el proceso no pudo demostrarse, al contrario de lo sostenido por Bonadio en el procesamiento confirmado por la Cámara Federal porteña, que la inversión de Letras del Tesoro ordenada por Di Césare en su gestión se haya traducido en un perjuicio para «los activos del Pami», o en un «menoscabo» de sus prestaciones.
El Tribunal Oral, integrado por Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Jorge Tassara, absolvió casi de inmediato a Di Césare ante la falta de acusación fiscal, ya que en la causa no hay querellante.
Di Césare había llegado a juicio procesado por «administración fraudulenta» por invertir entre 2008 y fines del 2012 un total de 2.800 millones de pesos en Letras del Tesoro del Estado Nacional renovadas ininterrumpidamente «sin intervención de áreas a priori competentes para emitir opinión», según sostuvo la sala II de la Cámara Federal cuando confirmó el procesamiento.
El ex funcionario «tenía a su cargo la administración de bienes destinados a claros propósitos fijados por la ley; esos fines se vinculan a la atención de la salud y bienestar de las personas afiliadas y no fueron satisfechos en el período investigado; y lo anterior generó para el Pami –amén de su estado económico anterior- un déficit, tanto prestacional y patrimonial, que está verificado a partir de pruebas concretas”, habían advertido los camaristas.
La decisión del Tribunal Oral quedó firme y no podrá ser apelada ante la Cámara Federal de Casación porque no hubo acusación fiscal y el caso no tiene querellante particular que lo impulse.
Más allá de esta causa, el ex titular del Pami sigue procesado y espera fecha de juicio ante el Tribunal Oral Federal 7 por otro delito que investigó el juez federal Ariel Lijo, el cobro irregular de dos millones de pesos por vacaciones no gozadas cuando dejó su cargo en diciembre de 2015.