El juez Sérgio Moro, de la Operación Lava Jato, negó hoy que su designación como ministro de Justicia del gobierno del presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, sea una «recompensa» por haber condenado a prisión al principal líder opositor, el ex mandatario Luiz Inácio Lula da Silva.
En rueda de prensa en Curitiba, estado de Paraná, el juez, que se tomó vacaciones para asumir en enero el cargo de ministro, dijo que no quiere tener una carrera política o electoral, con lo descartó una posible candidatura presidencial para 2022.
Moro anticipó que el gobierno de Bolsonaro, bajo su gestión en la cartera de Justicia, no realizará «persecución política» a opositores o a las minorías y sostuvo que el presidente ultraderechista electo «se ha moderado» en la campaña electoral al ser preguntado sobre la reivindicación de su nuevo jefe político de la dictadura y la tortura.
Moro reveló que fue contactado durante la campaña para el balojate entre Bolsonaro y el candidato derrotado, Fernando Haddad, del Partido de los Trabajadores, mientras seguía a cargo de la Operación Lava Jato.
El juez, que dejará el cargo el próximo mes para asumir el 1 de enero junto con el gobierno de Bolsonaro, negó que haber condenado a Lula, que era el favorito en al elección, tenga que ver con su decisión.
«Lo que existe es que un delito fue descubierto, investigado y probado y las cortes cumplieron con la ley. No puedo pautar mi vida con una coartada falsa de persecución política», dijo Moro.
El PT denunció, en paralelo, a Moro por desvío de funciones y otros delitos ante el Consejo Nacional de Justicia, el equivalente al Consejo de la Magistratura argentino, por haberse sumado al gobierno que logró llegar al poder aprovechando la inhabilitación de su rival, Lula.
Moro condenó a Lula en julio de 2017 y la pena fue ratificada por la cámara de Porto Alegre el pasado enero, con una sentencia de 12 años y un mes de prisión por corrupción en la Operación Lava Jato.
El futuro ministro anticipó que trabajará para facilitar la posesión de armas -primera promesa de Bolsonaro- y negó que los movimiento sociales serán tratados como «terroristas», aunque dijo que no pueden ser tratados como «inimputables».
Moro prometió una agenda contra la corrupción con un paquete de medidas a ser enviadas al Congreso, así como acciones contra el crimen organizado basado en la lucha que Nueva York realizó contra las familias de la llamada «mafia» de esa ciudad estadounidense en los años ochenta y noventa.
En una rueda de prensa de 1 hora y 35 minutos en Curitiba, donde reside y trabaja en la coordinación de la Operación Lava Jato, Moro dio varias definiciones: la primera que no es un político sino un «técnico» y que no buscará presentarse a elecciones, descartando un posible plan 2022.
Por otra parte, dijo que Bolsonaro se «ha moderado» en sus posiciones ultraderechistas y que con el presidente electo tiene divergencias y coincidencias pero que será un «subordinado».
Moro dijo que «no es momento por ahora» de especular sobre un posible lugar en el Supremo Tribunal Federal cuando, a partir del año próximo, comience a haber vacantes.
Agregó que aplicará las fórmulas de la Operación Lava Jato que descubrió la corrupción en Petrobras en el Ministerio de Justicia y de Seguridad Pública. «Me perturbaba que pueda terminarse este ciclo de lucha contra la corrupción, entendí que siendo ministro puedo poner en marcha una actualización y robustecimiento».
Los temás polémicos dominados por Bolsonaro en su agenda de mano dura serán potestad de Moro en el ministerio, un superministerio en opinión de muchos, porque concentrará también el órgano de fiscalización de lavado de dinero que hasta ahora estaba en manos del Ministerio de Economía.
Moro se mostró a favor de la agenda de Bolsonaro de revisar la legislación para «proteger al policía» en casos de tiroteos, sobre todo contra el narcotráfico en Río de Janeiro, y de reducir la edad penal de 18 a 16 años en casos de delitos graves como homicidio y violación.
«Todo el trabajo será respetando la Constitución pero esto no quiere decir falta de efectividad», afirmó Moro.
El magistrado deberá enfrentar también en los próximos días un pedido para anular su sentencia hecho por un habeas corpus por parte de la defensa de Lula ante la Corte Suprema.
El ministro de la corte Edson Fachin, a cargo de Lava Jato, recibió el pedido y lo remitió a la Sala II del máximo tribunal, integrada en su mayoría por magistrados considerados garantistas que han votado ultimamente contra Moro.