El lunes 29 de octubre, el Reino Unido anunció que comenzará a gravar a los gigantes de Silicon Valley, como Facebook, Amazon y Google, con un impuesto que escalaría a 2% de los ingresos en su territorio.
Lejos de atacarlas, el canciller Philip Hammond reconoció que esas plataformas permitieron cambios favorables para las sociedades, pero era momento de poner límites porque «suponen un verdadero desafío para la sostenibilidad y la imparcialidad de nuestro sistema fiscal».
Su declaración contrasta con la agenda del Gobierno argentino, que presiona al Congreso para cerrar el año con una ley que exculpa a Google y Facebook de los contenidos que publica, ya sea fake news u otros contenidos injuriosos, por los que la prensa debe dar explicaciones. El hombre de Macri para administrar estos temas es el vicejefe de Gabinete, Andrés Ibarra, que los viene trabajando desde su anterior posición como ministro de Modernización.
Por si fuera poco, esas empresas son las principales favorecidas en el reparto de la menguada publicidad oficial y su aporte fiscal es desconocido. Además, no producen ningún contenido local, no contribuyen al debate público y casi no contratan personal, pero se benefician económicamente del tráfico que generan -en parte- contenidos de medios que indexan en sus plataformas. Por eso, en Europa incluso analizan ir más allá y obligar a Google y Facebook a compartir sus ganancias con los medios, entendiendo que estos son parte vital de sus democracias y se ven afectados en sus ingresos por el desvío de parta sustancial de la torta publicitaria a esos gigantes digitales.
En Argentina pronto podría iniciarse esa discusión: el senador Alfredo Luenzo, del bloque justicialista, prepara un proyecto de ley que regula contenidos y publicidad y obligaría a los motores de búsqueda a rever sus planes.
«Nuestra idea es que los aportes publicitarios tengan vínculo con la generación propia, porque con la derogación de la ley de medios quedó totalmente liberalizado», anticipo Luenzo.
«Necesitamos que esas empresas tributen, como también las OTT», como se conocen a las Over The Top o plataforma de contenidos como Netflix y Spotify, que siguen sin tributar pese a que producen escasos contenidos en el país.
«En Europa las están obligando a tener contenidos locales, acá ni siquiera está pensada la necesidad de hacerlo. Y es clave para el desarrollo cultural de un país», aportó el senador de Chubut.