Tras un receso dominical, la líder opositora peruana Keiko Fujimori vuelve a comparecer este lunes ante un juez que debe decidir si la manda a prisión, mientras su monolítico partido enfrenta una compleja crisis interna.
El juez Richard Concepción Carhuancho tiene que resolver si acepta el pedido de un fiscal anticorrupción de enviar a prisión preventiva por 36 meses a la hija del ex presidente Alberto Fujimori (1990-2000) y a otros 10 dirigentes y asesores de su partido, que controla el Congreso peruano.
En esta sexta jornada de la audiencia, que partirá a las 09.30 locales (14.30 GMT, las 11.30 en la Argentina), el juez seguirá escuchando los alegatos del fiscal José Domingo Pérez y de los defensores de cada uno de los 11 imputados.
El fiscal los acusa de conformar una «organización criminal» dentro del partido fujimorista, que recibió y encubrió 1,2 millones de dólares aportados ilegalmente por la empresa brasileña Odebrecht a la campaña de Keiko en 2011.
El juez anunciará su veredicto una vez que escuche los argumentos del fiscal y de los defensores de todos los imputados en esta causa que amenaza la aspiración de Keiko de ser en 2021 candidata presidencial por tercera vez.
Hasta ahora han sido revisados los pedidos de prisión contra tres imputados: Vicente Silva Checa y Pier Figari, así como Keiko, quien ya estuvo detenida una semana por esta causa a mediados de octubre.
Según el fiscal, Silva Checa era un asesor en las sombras de Keiko y Figari organizaba listas de donantes «falsos» para encubrir el dinero de Odebrecht.
Keiko afirmó que Silva Checa no tiene lazos con su partido y que «el delito de Pier Figari es ser mi amigo y ser una persona de mi confianza».
El juez no tiene que pronunciarse sobre el fondo de la acusación, sino únicamente imponer prisión preventiva a un imputado si hay riesgo de fuga o de obstrucción a la justicia. Los 36 meses pedidos por el fiscal son el plazo máximo permitido por la ley para casos complejos.
Keiko a acudido todos los días a la audiencia, aunque no está obligada por ley.
«El caos que viene»
En coincidencia con la odisea judicial de Keiko, su partido Fuerza Popular (derecha populista) se sumió en una crisis interna que puede derivar en un quiebre.
En un editorial dominical, el diario El Comercio, decano de la prensa peruana, alertó sobre «el caos» que puede provocar «la eventual desarticulación de un partido que ostenta la mayoría absoluta en el Congreso».
«El mal que afecta hoy al fujimorismo es transversal a las organizaciones políticas nacionales», agregó, destacando que históricamente los partidos peruanos sucumben o se dividen según la suerte de su caudillo.
Keiko manejaba al partido autocráticamente, sin tolerar disidencias, mientras que su bancada en el Congreso, mayoritaria desde 2016, no tenía contemplaciones.
Aunque Keiko no era parlamentaria, dictaba desde las sombras todas las decisiones que aprobaba el Congreso, según unos chats de Whatsapp y Telegram presentados por el fiscal como evidencias en esta audiencia.
La «sumisión» de los legisladores fujimoristas era total, pues Keiko incluso les ordenaba si debían aplaudir o no algún discurso.
Liderar dos años una oposición obstruccionista y las acusaciones de corrupción desplomaron la popularidad de Keiko, quien en coincidencia con la audiencia que puede llevarla a prisión, adoptó un sorpresivo tono conciliador y propuso la «paz y el reencuentro».
«Momentos difíciles»
Además de su batalla judicial, Keiko libra una guerra fratricida con su hermano Kenji por el legado político de su padre.
Si no superan sus disputas, ambos hermanos podrían enfrentarse en las presidenciales de 2021, aunque deben revolver primero sus líos con la justicia.
Kenji, de 38 años, perdió su banca parlamentaria en junio y debe ir a juicio por cohecho, gracias a la denuncia de un legislador leal a su hermana.
Mientras tanto, el expresidente Fujimori, de 80 años, observa impotente desde la cama de una clínica de Lima las pugnas entre sus herederos y el calvario judicial de su primogénita.
«Estos momentos tan difíciles nos seguirán uniendo cada día más», tuiteó el exgobernante de ancestros japoneses el viernes.
El patriarca del clan permanece en la clínica en calidad de detenido desde que el 3 de octubre la justicia anuló el indulto que obtuvo mientras cumplía una condena de 25 años por crímenes contra la humanidad y corrupción.