Por Diego Carballido
El Senado de la Nación Argentina aprobó hace unos días y por unanimidad una ley que, cuando su aplicación se haga efectiva, va a cambiar la fisonomía de muchos barrios carenciados del país. La Ley de integración socio urbana y regularización de dominio (también conocida como la Ley de los barrios populares) es una norma promovida desde la Mesa Nacional de las Organizaciones donde confluyen espacios muy diferentes en cuanto a sus constituciones, pero reunidos por un objetivo en común: la preocupación por aquellos que menos tienen. «Empezamos a trabajar en conjunto a pesar de tener diferencias» dijo Emilia Portis, la directora general de Techo Rosario, en diálogo con CLG. «Nos enfocamos en los consensos. Partimos de la base de que todos queremos que en los barrios populares se viva mejor, por lo tanto, tuvimos que dejar de lado muchos prejuicios y empezar a trabajar en coordinación. Estamos muy contentos con el resultado», agregó.
La iniciativa que ahora deberá promulgar el Poder Ejecutivo Nacional exigió un arduo relevamiento a nivel país de todos los asentamientos precarios, para poder tener argumentos cuantitativos acerca de la población que será alcanzada por esta ley. Todo el trabajo en territorio es el resultado de la labor coordinada entre Techo Argentina, la CTEP, Cáritas, la CCC y Barrios de Pie. «La idea es promover políticas de Estado, y no de gobiernos, que puedan ir solucionando a lo largo del tiempo la problemática de los asentamientos informales. Sobre todo para hacer cumplir los derechos de las personas que viven en los barrios carenciados» explicó Portis.
Techo fue una de las organizaciones que redactaron el proyecto, a causa de su trabajo desde hace años en los asentamientos más necesitados del país. La ley de barrios populares declara de utilidad pública y sujeto a expropiación a todos los terrenos donde hoy existen asentamientos precarios. Es decir, estipula que «la tierra pertenece a quienes la habitan» manifestó Portis.
Puntualmente, la norma trabaja sobre cuatro ejes fundamentales:
- Quedan sujetos a expropiación todos los bienes inmuebles sobre los que están asentados los barrios populares relevados antes de la realización del proyecto, quedando sujetos a situaciones particulares aquellos terrenos que sean de uso público o que acrediten tener mucha deuda.
- Promueve la creación de programas de integración socio-urbana, donde se propicie el acceso a servicios e infraestructura. La ley sostiene que es necesario urbanizar e integrar estas poblaciones.
- Suspende por un período de cuatro años todo tipo de desalojo sobre los asentamientos relevados.
- Las obras de infraestructura que se realicen tienen que llevarse a cabo por cooperativas conformadas por personas de las mismas comunidades.
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Relevamiento
Desde el año 2011, la ONG Techo realiza un relevamiento propio acerca de los asentamientos precarios de todo el país. Para la presentación del proyecto de ley se contó con un registro realizado en el 2016. “Se considera asentamiento a todos aquellos barrios que no cuentan con dos de los tres servicios básicos (cloaca, luz y agua) y las familias que lo habitan no tienen seguridades sobre la tenencia del suelo”, sostuvo la directora de Techo Rosario, y aseguró que estas personas «en muchas ocasiones conviven con el miedo constante a ser desalojadas».
En todo el país se contabilizaron 4.416 asentamientos, de donde se desprende que más de 3.500.000 de personas viven hoy en villas y asentamientos, envueltas en una situación vulnerable en cuanto a su estabilidad habitacional. De ese total, el 73% no cuenta con acceso formal a la red de energía eléctrica y el 98%, casi todos, no cuenta con acceso regular a la red cloacal, por lo que eliminan sus excretas a través de pozos ciegos sin cámara séptica, lo cual genera un alto riesgo sanitario. En este sentido, el 16% de los asentamientos informales, al no tener red de agua potable, bebe de la que extraen de los pozos.
Trayendo los datos del relevamiento a la ciudad, las cifras demuestran que son 112 los asentamientos precarios que están emplazados en diferentes puntos de Rosario, y el número asciende a 174 si se contabilizan también aquellos que forman parte del Gran Rosario. Esto representa un total de 34.510 familias que en la actualidad viven en barrios populares de la ciudad y que serían los destinatarios de esta ley.
«Para nosotros constituye un hito porque existe un consenso generalizado, por lo menos así lo demostraron las diferentes cámaras legislativas, respecto a que los habitantes de los barrios populares tienen derechos a vivir ahí y lo deben hacer dignamente», reflexionó Emilia Portis.
La directora de Techo Rosario también compartió su visión respecto a la situación actual con la que deben lidiar a diario en muchos de los barrios donde desarrollan su tarea social: «Entendemos que el contexto del país está difícil, y quienes más lo sufren son los barrios populares. Lo vemos habitualmente cuando vamos a los comedores, porque hay más gente que se anota para recibir un plato de comida». Y concluyó: «El mayor reclamo que observamos es el acceso a servicios. En los barrios se sufre mucho por este tema. Está instalado que los habitantes de los barrios populares no quieren pagar servicios y, en realidad, no es así».