El proyecto de Tavela cuenta con el respaldo de distintos sectores del radicalismo legislativo y de varias vertientes de Hacemos Coalición Federal.
Las universidades nacionales están intensificando sus esfuerzos para encontrar una solución al asfixiante panorama presupuestario generado por las políticas de ajuste de la gestión de Javier Milei. Los rectores apuestan por la aprobación de una ley de emergencia que permita actualizar los fondos destinados al mantenimiento de las instituciones educativas, los cuales han quedado rezagados frente a la creciente inflación.
Este lunes, los rectores se reunirán con los presidentes de los bloques de la Cámara de Diputados para solicitar el apoyo al proyecto de emergencia presentado por la diputada radical Danya Tavela, respaldado también por legisladores del bloque Hacemos Coalición Federal, como la socialista rosarina Mónica Fein. Además, el martes se celebrará una reunión en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), donde se discutirá la posibilidad de convocar a una gran marcha nacional por la educación antes de la firma del Pacto de Mayo convocado por el presidente Milei.
La decisión de mantener el presupuesto nacional de 2023 ha llevado a que las cuotas para gastos de funcionamiento enviadas a las universidades en enero y febrero sean las mismas que el año anterior. Aunque en marzo se produjo un incremento del 70%, la inflación acumulada alcanza el 270%, lo que hace insostenible la situación para las casas de estudio con el presupuesto actual.
Ante la falta de respuesta por parte del gobierno nacional, los rectores confían en que el Congreso pueda ser la vía para encontrar una solución. El proyecto de Tavela cuenta con el respaldo de distintos sectores del radicalismo legislativo y de varias vertientes de Hacemos Coalición Federal.
La propuesta plantea una actualización bimestral de la cuota de gastos de funcionamiento, utilizando un índice que combina el índice general de precios al consumidor (50%), la variación de la cotización de la divisa de referencia para las importaciones (25%) y la variación promedio de las tarifas de servicios públicos (25%).
Los rectores advierten que sin una actualización presupuestaria significativa, muchas universidades podrían verse obligadas a cerrar sus puertas. Además, los docentes también reclaman un aumento salarial que les permita hacer frente a los efectos de la inflación, apoyado por las autoridades universitarias, quienes buscan también restablecer el Fondo de Incentivo Docente (Fonid), anulado por el gobierno nacional.
En el caso de Rosario, la cuota de funcionamiento para enero y febrero fue de 283 millones de pesos, mientras que el aumento del 70% en marzo elevó este monto a 483 millones. Estos fondos se destinan al mantenimiento de edificios, becas, comedores, residencias, proyectos de investigación y servicios públicos.
«El aumento del 70% es mejor que nada, pero el presupuesto ya se ha licuado exponencialmente», afirmó el rector Franco Bartolacci, quien participará tanto en las reuniones del lunes en el Congreso como en el plenario del CIN del martes.
Mientras tanto, desde este lunes hasta el miércoles se llevarán a cabo las elecciones estudiantiles en la UNR, también afectadas por la situación presupuestaria.