Poco más de tres meses a puro frenetismo caracterizaron el primer trimestre de gestión nacional
El primer presidente de tradición liberal-libertario o «anarcocapitalista» como Javier Milei se definió a sí mismo en una reciente convención de ultraderecha, cumple hoy sus primeros 100 días de Gobierno. Supera así una barrera psicológica, la famosa «luna de miel» que la sociedad le da como cheque a cada gobierno entrante.
Lo llamativo es que, pese a llegar los 100 días de gestión en medio una crisis sin precedentes desde el año 2001, que se profundizó a partir de las medidas de brutal ajuste que su administración hizo recaer sobre las clases populares y medias, conserva aún altos niveles de adhesión social.
No hizo ni más ni menos que cumplir a rajatabla con su promesa de campaña, por la que un 30% lo votó en primera vuelta y el 56% en el balotaje.
Acaso se le pueda reprochar que había puesto mayor énfasis en el ajuste a «la casta política», pero lo cierto es que la reducción salvaje del gasto (la «motosierra) por 15 puntos del PBI, estaba en su plataforma de campaña y era evidente que iba a impactar negativamente en la vida cotidiana de la ciudadanía.
La promesa implícita en el contrato social con el electorado sigue viva: hay que atravesar el temporal de los primeros meses, en los cuales la sociedad va a sentir en carne propia el rigor de haber liberado los precios reprimidos de la economía, para después abrazar un nuevo tiempo de estabilidad y baja inflación.
Por eso el devenir de la segunda mitad del año será fundamental para poner a prueba la veracidad de esa promesa. Hasta que termine el primer semestre, el Gobierno gozará del beneficio de la duda, pero transcurrida esa ventana de tiempo deberá necesariamente exhibir resultados concretos en la lucha contra la inflación, condición sine qua non para conservar la credibilidad y sanos índices de popularidad.
Hoy en día, ese capital social (que Milei denomina «las fuerzas del cielo» en una alegoría bíblica) es lo único que tiene para sostener su gestión si se tiene en cuenta la debilidad de origen que significa gobernar en total minoría en ambas cámaras legislativas y sin controlar ninguna provincia ni municipio.
Tomando como lección la experiencia fallida del Gobierno «gradualista» de centroderecha de Mauricio Macri, la decisión de Milei fue tomar el toro por las astas de entrada y aplicar terapia de shock sobre la economía en los primeros días de su gestión.
Ajuste ortodoxo sin anestesia basadas en «la motosierra» y «la licuadora», sin medidas sociales compensatorias.
En su diagnóstico, es en estos meses que se define la suerte y el destino de su modelo de libre mercado a ultranza. Negociar los cambios en el tiempo con el «régimen político» sería, a su criterio, un certificado de defunción a sus ambiciones refundacionales. Este economista de 53 años, un «outsider» de la política que había sido diputado dos años antes, inauguró su presidencia con un discurso de asunción que brindó a espaldas del Congreso de la Nación, frente a su gente, anticipando el conflicto abierto que mantendría con uno de los poderes de la República.
En las escalinatas del Palacio Legislativo enarboló muchas de sus banderas de gestión: «No hay plata», «no hay alternativa al ajuste» y «el que corta no cobra», en una declaración de guerra a los movimientos piqueteros.
En el marco de su mentada reforma del Estado, confirmó que reduciría el Gabinete de 22 a nueve ministerios.
El nuevo titular de una de las carteras supervivientes, Luis «Toto» Caputo de Economía y Finanzas, anunció dos días más tarde, el 12 de diciembre, un salto devaluatorio del 118%, llevando el dólar a 800 pesos. La medida generó un traslado a precios inmediato, disparando la inflación.
También anticipó recortes en el gasto público, una disminución «al mínimo» de las transferencias a las provincias», paralización de la obra pública, quita de subsidios al transporte y la energía.
El 20 de diciembre, Milei presentó por cadena nacional Milei el mega DNU de desregulación de la economía, que venía a desguazar todo el andamiaje jurídico e institucional sobre el cual se erige el ordenamiento social de la Argentina. Se trata de reformas sobre cerca de 300 leyes, con modificaciones y eliminaciones de normas como la ley de alquileres, de abastecimiento y góndolas, sumado a la flexibilización de los aportes a obras sociales y el fin de las regulaciones de precios de prepagas.
Además, habilitó la firma de contratos en normas para el alquiler de inmuebles y habilitó la conversión de empresas estatales en sociedades anónimas.
Amplios sectores de la oposición rechazaron el decreto por «inconstitucional» y anticiparon un escenario de litigiosidad para los meses venideros.
Al día siguiente, La Libertad Avanza enfrentó la primera gran marcha piquetera en el centro porteño, con organizaciones sociales de izquierda movilizándose en el centro porteño y desafiando el nuevo protocolo antipiquete que había lanzado la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, con bombos y platillos. Fue la primera vez que se aplicó dicho protocolo de actuación de fuerzas públicas y el operativo estuvo monitoreado por el propio Milei.
El 27 de diciembre fue otro hito en la corta historia que lleva este Gobierno ya que el presidente envió al Congreso nacional la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos. Conocida como «ley ómnibus», esta iniciativa es la otra gran viga maestra del plan económico de Milei.
Incluía una fenomenal delegación de facultades y declaración de emergencias, un ambicioso paquete fiscal para reducir drásticamente el déficit, una reforma administrativa del Estado para desburocratizar y hacer más eficiente el uso de los recursos públicos, un esquema de privatizaciones de empresas públicas, desfinanciamiento de organismos de la cultura, y cambios sustantivos en materia de educación, seguridad y Código Civil.
El 11 de enero el INDEC divulgó que la inflación de diciembre había sido superior al 25%, la peor cifra desde 1991, antes de la Convertibilidad.
El 17 de enero, el presidente brindó un discurso en el Foro Económico de Davos, Suiza, y sorprendió al mundo, especialmente a Occidente, por su rabiosa prédica anticomunista y antiestatista, y por su negación del cambio climático. Fue elogiado por el hombre más rico del mundo, Elon Musk.
El 24 de enero, 35 días después de la asunción presidencial, se realizó el primer paro contra el Gobierno de Milei, el más rápido convocado contra un gobierno recién asumido. La CGT generó una amplia convocatoria a una masiva marcha que reunió a sindicatos, movimientos sociales y organizaciones peronistas y de izquierda.
El funcionamiento de los medios de transporte ayudó a que más gente pudiera trasladarse al centro porteño para protestar contra las políticas de La Libertad Avanza.
Mientras tanto, continuaban las negociaciones en torno a la ley ómnibus entre el Gobierno y la llamada oposición dialoguista de la Cámara de Diputados, que no quería avalar «superpoderes» por dos años ni aumento de retenciones. Estos aspectos fueron removidos de la letra del proyecto.
Sorpresivamente, el 26 de enero Caputo anunció que se retiraba también del proyecto el capítulo fiscal, que paradójicamente no era materia de objeciones por parte de esos sectores de la oposición, más allá de ciertas dudas con la fórmula de movilidad jubilatoria.
El 30 de enero sucedió un hecho inesperado, que fue el desembarco de Daniel Scioli al Gobierno de La Libertad Avanza como secretario de Turismo y Deportes. Lo hizo de la mano del ministro de Interior, Guillermo Francos, un ex menemista al que Milei siempre defendió ante sus detractores internos dentro del movimiento libertario. Sectores del oficialismo criticaron la decisión, que naturalmente también cayó mal en la oposición peronista.
La decisión de cortar con la intermediación de los planes sociales afectó intereses y calentó la temperatura de «la calle».
También el corte del suministro de alimentos e insumos a comedores a raíz de la falta de una auditoría sobre el uso de esos recursos profundizó el malestar y agudizó los problemas.
En ese contexto, el 1 de febrero se desarrolló una concentración importante frente a la sede de Capital Humano. La ministra del área, Sandra Pettovello, bajó a la puerta de su cartera y desafió a los líderes piqueteros con una desafortunada frase: «Voy a atender a la gente con hambre, no a los referentes».
Lejos de mitigar las protestas, la llamativa intervención de la ministra multiplicó las filas de personas reclamando para ser atendidas frente a las dependencias oficiales.
El 31 de enero comenzó a debatirse en el recinto de Diputados el proyecto ómnibus, achicado a poco más de 300 artículos. El tratamiento se dividió en varias jornadas consecutivas de debate apasionado. La longitud del proyecto en cuestión y la cantidad de oradores anotados hizo que recién se pudiera votar en general al cabo del tercer día de debate, con 144 votos en general y 109 en contra. Nunca quedó demasiado claro cuál era la versión del dictamen que se había votado, ya que mientras los diputados exponían, en otros espacios el texto del proyecto seguía modificándose.
De todos modos, el mayor problema para el oficialismo se suscitó con posterioridad, el 6 de febrero, cuando en la votación en particular un número importante de legisladores de la oposición «dialoguista» le volteó algunos incisos vinculados a la eliminación de fondos fiduciarios, y se aprestaba a rechazar el capítulo de privatizaciones.
Milei, que venía siguiendo el desarrollo del debate desde Israel, donde se encontraba de gira oficial, consideró que se había desdibujado el espíritu de su proyecto y que ya no tenía sentido seguir insistiendo con una redacción que iba a terminar siendo un «Frankestein».
Ante esa encrucijada, ordenó desde la distancia el retiro del proyecto. Su tropa legislativa, con serios problemas de comprensión del reglamento, interpretó en un principio que solamente se suspendía el tratamiento en particular pero que se mantenía en pie la aprobación en general. Pronto quedó de manifiesto que el debate volvía a foja cero y que la ley ómnibus estaba caída.
El presidente hizo sonar el escarmiento y castigó a los gobernadores, a quienes culpó por no haber entendido el clima de época ordenando a sus legisladores a votar a favor de la ley ómnibus.
El 8 de febrero eliminó el Fondo de Compensación al Transporte que subsidiaba las tarifas de colectivos en el Interior, llevando al máximo la tensión con provincias como Córdoba y Santa Fe.
Al día siguiente, el Gobierno dejó de transferir a las provincias los recursos del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), un componente del salario de docentes de todo el país.
Milei también subió al ring al gobernador bonaerense, el kirchnerista Axel Kicillof, al eliminar el Fondo de Fortalecimiento Fiscal que Alberto Fernández le había devuelto a ese distrito en 2020 en detrimento de la Ciudad de Buenos Aires.
El momento de máxima tensión llegó cuando el Gobierno le pisó a la provincia de Chubut 13.500 millones de pesos producto de una deuda que había dejado la anterior administración provincial, que Nación se negó a refinanciar.
Frente a la represalia nacional, el gobernador de la provincia, Ignacio «Nacho» Torres del PRO se plantó y amenazó con no enviar un solo barril de petróleo al resto del país. Automáticamente, los otros 23 gobernadores se solidarizaron con Chubut e iniciaron una rebelión.
En medio de estos enfrentamientos, Milei intentó negociar una alianza política más formal con Mauricio Macri. Patricia Bullrich se mostró muy entusiasmada con la idea y alentó la idea de una posible «fusión», pero el ex presidente puso paños fríos ya que no quería exponerse a un pacto de ese estilo cuando el Gobierno había soliviantado la insurgencia de las provincias por los recursos federales.
El 13 de febrero, Milei mantuvo una audiencia en muy buenos términos con el Papa Francisco en el Vaticano, por más de 70 minutos. Lo invitó a la Argentina y la foto mostró a ambos muy sonrientes.
El 15 de febrero, el Presidente inició una polémica insólita al despotricar contra la cantante Lali Espósito, a quien descalificó con la expresión «Lali Depósito». La acusaba de recibir dádivas del Estado a costa de la pobreza de la gente. El inesperado ataque de Milei a la artista generó algunos apoyos puntuales y el repudio generalizado de la comunidad del arte y la cultura.
El 17 de febrero llegaron malas noticias para el Gobierno, cuando el Observatorio Social de la UCA anunció que la pobreza se había disparado al 57%, la peor marca en 20 años. En enero, el INDEC había confirmado una inflación mayor al 20%, que sumado al 25% de diciembre planteaban un escenario sombrío. Sin embargo, Milei hizo una lectura distinta y responsabilizó al kirchnerismo por la «herencia» recibida en materia de pobreza.
El 22 de febrero, el Gobierno dispuso el cierre definitivo del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI).
El 24 de febrero, Milei estuvo en Estados Unidos y se reunió fugazmente en una convención ultra conservadora con el ex presidente Donald Trump. Intercambiaron elogios.
El 27 de febrero, mientras el Gobierno todavía lidiaba con las esquirlas del enfrentamiento con Kicillof por la quita de fondos a la provincia de Buenos Aires, tomó la decisión de sumar un nuevo frente de conflicto al eliminar el programa Potenciar Trabajo, para reemplazarlo por dos nuevos planes de asistencia directa sin intermediarios. También ese día el vocero presidencial Manuel Adorni, anunció la decisión de prohibir el lenguaje inclusivo en toda la administración pública.
En ese clima de máxima tensión llegó Milei a su primera Asamblea Legislativa en el Congreso, el 1° de marzo pasado, cuando se dignó a brindar su mensaje dentro del recinto de Diputados en lugar de darle la espalda como había hecho en su asunción.
Desde un atril de madera que hizo instalar especialmente, el mandatario trazó un cuadro de situación explicando detalladamente la herencia recibida y las medidas tomadas hasta este momento.
También anunció una serie de proyectos «anti casta» que el Poder Ejecutivo enviará al Congreso en el nuevo período de sesiones ordinarias, pero el momento culminante llegó sobre el final cuando lanzó una convocatoria a gobernadores y líderes a firmar el «Pacto de Mayo» en la Ciudad de Córdoba, el próximo 25 de mayo.
Milei leyó los diez principios o mandamientos básicos de ese nuevo «contrato social» hacia un «nuevo orden económico» e invitó a los gobernadores a firmarlo a libro cerrado a cambio de un nuevo pacto fiscal que alivie las cuentas provinciales luego de los recortes masivos aplicados por Nación.
También les exigió una muestra de «buena voluntad» para que esta vez apoyen con mayor contundencia la Ley de Bases.
La oposición peronista leyó este pliego de condiciones como una «extorsión» pero los gobernadores que no son de Unión por la Patria saludaron el llamado al diálogo político y lo consideraron un punto de inflexión en la relación de Nación con las provincias.
Durante el discurso de aquel 1° de marzo, no pasó desapercibido su anuncio sobre la eliminación de la agencia Télam. Pasaron pocos días para que el Gobierno pasara del dicho al hecho, ya que el 5 de marzo las dos redacciones del medio estatal amanecieron vallados con un impresionante operativo policial que impidió el ingreso de los trabajadores a las instalaciones.
Al día siguiente, Milei volvió al colegio Cardenal Copello de Villa Devoto donde cursó sus estudios primarios y secundarios para encabezar un acto por el inicio del ciclo lectivo. Durante el discurso habló en contra del adoctrinamiento cultural de la izquierda en las instituciones educativas, pero no dejó de expresar una visión profundamente ideologizada en contra de «los zurdos».
Detrás suyo advirtió como un alumno que sostenía la bandera se desmayaba, pero en lugar de ayudarlo o pedir auxilio, prefirió hacer una broma. Por esa reacción, acumuló críticas y reproches.
El 8 de marzo pasado, Milei recibió a los 24 gobernadores en la Casa Rosada en la primera reunión preparatoria hacia el «Pacto de Mayo». Allí las provincias hicieron un reporte de sus dificultades fiscales y financieras, y el Gobierno tomó nota. También se filtró que el Poder Ejecutivo estaba preparando una segunda versión más acotada de la ley ómnibus, que incluiría la reversión del impuesto a las Ganancias.
Ese mismo día se realizó frente al Congreso una multitudinaria movilización por el Día Internacional de la Mujer. En un gesto de provocación hacia los colectivos feministas, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, presentó cómo quedó remodelado el ex Salón de las Mujeres, tras anunciar que pasó a llamarse Salón de los Próceres. Allí, el Gobierno instaló un cuadro del ex presidente Carlos Saúl Menem, lo cual le valió críticas de dirigentes opositores de distintos espacios.
El recrudecimiento de la violencia narco en la ciudad de Rosario, por una nueva oleada de asesinatos con sello mafioso de sicarios del negocio de la droga, abrió otro foco de tensión con las provincias, en especial con la de Santa Fe.
El gobernador de esa provincia, Maximiliano Pullaro, solicitó ayuda nacional para intervenir con fuerzas federales, pero luego de anunciarse un Comité de Crisis, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, desembarcó con una modesta dotación de uniformados.
El Presidente insinuó que las provincias tenían que hacerse cargo de la seguridad en sus territorios, lo cual desencadenó fuertes cuestionamientos por el escaso compromiso del Gobierno nacional en comprometer recursos para combatir el crimen organizado en una ciudad de arde como Rosario.
El martes pasado, el Gobierno recibió una noticia alentadora: la inflación de febrero había bajado al 13,2% según el INDEC, lo cual consolidaba una tendencia a la deceleración de la subida de precios. Marzo acusará el impacto de la quita de subsidios a las tarifas de transporte y servicios públicos, por lo que la inflación podría recalentarse, pero el número de febrero no deja de ser una bocanada de oxígeno en medio de la crisis. Milei lo calificó como «un numerazo».
La áspera interna del jefe de Estado con su vicepresidenta Victoria Villarruel llegó el miércoles pasado a su nivel más alto y se expresó a cielo abierto cuando a través de un comunicado oficial la Oficina del Presidente cuestionó a la titular del Senado por habilitar el tratamiento del mega DNU mediante la convocatoria a una sesión especial.
En el escrito le reprocharon a Villarruel que lleve adelante «una agenda propia e inconsulta, a fin de entorpecer las negociaciones y el diálogo entre los distintos sectores de la dirigencia política» en la antesala del «Pacto de Mayo».
Ello no impidió que el jueves 14 de marzo se desarrollara la sesión en el Senado. Después de que fracasara un intento del oficialismo de postergar la sesión por dos semanas, se llevó adelante el debate y la votación materializó un durísimo cachetazo para el Gobierno.
Fueron 42 votos en contra de la validez del decreto, 25 a favor y cuatro abstenciones. Ahora la discusión se traslada a la Cámara de Diputados, donde la oposición tendrá la oportunidad de voltear la mega iniciativa si logra reunir una mayoría en contra. En cambio, el Gobierno podrá festejar si consigue una mayoría que deje en pie la vigencia del decreto.