Por Diego Añaños - CLG
Por Diego Añaños – CLG
Durante una conferencia de prensa ofrecida el martes pasado en el Palacio de Hacienda, Sergio Massa anunció una serie de medidas destinadas, por un lado a sostener el consumo, y por el otro a facilitar las condiciones de financiamiento de las empresas. Los anuncios incluyen un aumento del 30% en los montos de las compras realizadas en cuotas con tarjetas de crédito y un aumento del 25% para las operaciones realizadas en una sola cuota. Paralelamente se estableció un aumento de un 25% en los márgenes de adelanto en cuenta corriente para para micro, pequeñas y medianas empresas. En concreto, básicamente un aumento en el acceso al crédito para familias y empresas. No son medidas de fondo, claramente, pero desde el gobierno existe la percepción de que es necesario sostener la imagen de una gestión en movimiento. Esto se hace particularmente urgente en un año electoral donde el frente económico no muestra señales de una mejora sensible en los próximos meses.
Analicemos brevemente el contexto en el que se anuncian las medidas. En primer lugar, desde mediados del año pasado se viene registrando una desaceleración del crecimiento del consumo, que venía registrando una recuperación robusta en el período post pandemia. En el mes de abril, se registró aún una suba interanual de 1,5%, pero de acuerdo a la evolución que viene mostrando la variable en las últimas semanas, es muy probable que mayo ya muestre un resultado negativo. Efectivamente, la aceleración del proceso inflacionario está comenzando a erosionar de manera más significativa el poder adquisitivo del salario, particularmente de ese cerca de 50% de trabajadores del sector informal que por no tener acceso al mecanismo de la paritaria, sufren un deterioro constante de su poder de compra. Esto se da en un marco paradójico, es decir, con niveles de empleo más que aceptables, y con un crecimiento económico relativamente consistente. Claro, hay que considerar que buena parte de la creación de empleo, incluso en el sector privado registrado, corresponde con salarios bajos, por lo que el fenómeno de asalariados por debajo de la línea de pobreza ha llegado para quedarse, al menos por un tiempo.
Por otro lado, y como destaca Álvaro Torriglia en una nota publicada a comienzos de semana en el diario La Capital, el desempeño post pandemia de la economía Argentina ha mostrado un proceso de reactivación relativamente estable. Esto se hace particularmente notable en el desempeño del sector industrial, que ha recuperado consistentemente. De hecho, la actividad industrial tuvo en 2023 su mejor primer trimestre en cinco años, según datos publicados por el Centro de Estudios para la Producción de la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo de la Nación. Hoy el nivel de actividad se ubica un 11,4% por encima de los niveles pre pandemia, es decir, de acuerdo a la medición realizada en enero-marzo de 2019.
Claramente nos enfrentamos con una Argentina que funciona en dos velocidades. Por un lado, un nivel de actividad económica que crece (al menos hasta ahora), y por el otro, el comienzo de la caída del nivel de consumo. La convergencia de ambos fenómenos refleja la pérdida relativa de espacio que vienen sufriendo los trabajadores frente a los empresarios en la distribución funcional del Ingreso Nacional. Es decir, nos alejamos cada vez más del fifty/fifty al que hace referencia Cristina en sus discursos, osea, la situación en que la porción del ingreso apropiada por los empresarios es igual a la apropiada por los trabajadores. Seguramente es una cuestión que el gobierno no debería perder de vista, ya que tiene en los trabajadores una buena parte de su base de sustentación electoral.
El frente cambiario sigue siendo fuente de preocupación para el gobierno. La balanza comercial mostró en abril un rojo de U$S126 millones, mientras que el rojo acumulado del primer cuatrimestre es de U$S1.469 millones. En paralelo, las reservas netas del Banco Central muestran un resultado negativo cercano a los U$S1.700 millones. La situación es aún más preocupante si tenemos en cuenta de que entre el 21 y el 22 de abril la Argentina enfrenta vencimientos de capital por un total de U$S2.700 millones. El gobierno sigue negociando un adelanto de los desembolsos por parte del FMI, pero el organismo por el momento no da señales de avances. Las 12 ruedas consecutivas de compras netas de divisas por parte del Banco Central (con un saldo favorable para el mes de mayo de U$S180 millones), no alcanzan para traer alivio, y las tensiones se acumulan a la espera de una respuesta del Fondo.
El dólar soja III, por su parte, ha sido un fracaso. Luego de los éxitos relativos del dólar soja I, y el dólar soja II, la tercera versión del Programa de Incremento Exportador ha logrado a dura penas obtener magros resultados, a pesar de que duró casi el doble de tiempo que las primeras ediciones e incluyó más productos. No sólo el volumen liquidado fue menor que en las anteriores ediciones, sino que el Banco Central consiguió retener sólo un 24% de los dólares que adquirió (contra un 74% y un 65% respectivamente). Para el debate posterior quedará determinar si se trató de una retención deliberada por parte de los productores, o sólo reflejó el fuerte impacto de la sequía sobre el volumen físico de los productos disponibles. Lo cierto es que el gobierno necesita urgentemente recomponer su tenencia de divisas y ha quedado, una vez más como tantas en la historia argentina, rehén de las decisiones de Fondo Monetario Internacional.