Los trabajadores de la Administración Federal de Ingresos Públicos cuestionaron hoy la decisión oficial de eliminar de la estructura del organismo una dirección que se ocupaba de combatir el empleo «en negro».
Alberto Abad, titular de la AFIP, decidió el martes recortar gastos suprimiendo a la Dirección General de los Recursos de la Seguridad Social, el único organismo nacional que perseguía el trabajo no registrado en las empresas.
Ahora, la Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos (AEFIP-CGT) informó que ante la modificación de estructura, «se trabaja para sostener la fiscalización de los recursos de la seguridad social y que la medida no resienta las tareas de control».
El sindicato que representa a los 16.000 empleados del ente recaudador dijo en un comunicado que «es importante destacar que durante el 2017 los ingresos al Estado correspondientes a la Seguridad Social, se incrementaron 31,3% respecto al año anterior, lo cual demuestra la relevancia que tiene para el Organismo».
El Secretario General de AEFIP, Guillermo Imbrogno, aseguró que «los trabajadores somos los primeros en velar por el cumplimiento de una tarea fundamental en el plano social, y también económico al ser una fuente de ingresos clave para las cuentas públicas».
El sindicalista destacó que los agentes afectados por el cambio de estructura tienen asegurada su fuente de trabajo por convenio, aspecto fundamental «teniendo en cuenta el contexto que se vive hoy en día».
Con la modificación publicada en el Boletín Oficial, se crean once divisiones, que se suman a las actuales Divisiones de Fiscalización de la AFIP.
Actualmente son más de mil trabajadores, incluidos inspectores y alrededor de cien supervisores los que integran la estructura que se suprimió, donde también se encuentran áreas técnico jurídicas y procedimentales, que continuarán desarrollando tareas relacionadas a la recaudación y fiscalización de aportes y contribuciones dentro de la Dirección General Impositiva.
Desde el sindicato de la AFIP advirtieron que seguirán de cerca la implementación de la medida, ya que «en una tarea sensible como es la recaudación de aportes y contribuciones la función de fiscalización de dichos recursos debe ser una política de Estado dentro del ente recaudador».