El detenido por el intento de atentado a la vicepresidenta Cristina Kirchner está cada vez más complicado ante la Justicia. El contenido fue encontrado en la tarjeta SD del dispositivo
La Unidad Fiscal Especializada en Delitos y Contravenciones Informática intimó e imputó a Fernando Sabag Montiel por pedofilia. Tenía en su celular más de 100 fotos y videos de abusos a menores para su distribución.
La resolución fue tomada por la fiscal Daniela Dupuy. La Unidad Fiscal pediría el juicio oral y público pronto, por lo que la situación del detenido por el intento de atentado contra la vicepresidenta Cristina Kirchner podría empeorar aún más.
Sabag Montiel fue imputado por tener 119 archivos de imagen y videos para difundir y por distribuir tres videos. En ese contenido se mostraban niños y niñas menores de 13 años.
La intimación se da a raíz de que la Justicia cree “que existe sospecha suficiente de que una persona puede ser autor o partícipe de un delito”.
También remarcan que se “le deberá notificar mediante acta los hechos que se le imputen, en forma clara, precisa y circunstanciada, y las pruebas que haya en su contra”.
LA INVESTIGACIÓN CON EL CELULAR RESETEADO DE SABAG MONTIEL
En un primer momento, el celular de Sabag Montiel había sido reseteado, pero las fotos se encontraron en la tarjeta SD del dispositivo y luego se las entregaron a la Justicia porteña.
A su vez, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) recuperó la información que se encontraba en el teléfono móvil, las cuentas de mail y grupos de Telegram. Los efectivos no corrieron con la misma suerte con los chats de WhatsApp.
El fiscal Carlos Rívolo había solicitado que quien le gatilló en la cabeza a Cristina fuera investigado por pedofilia. El mismo había analizado 126 registros de la tarjeta SIM del celular.
Sobre el aparato indicó que “se observan personas que aparentan ser menores de dieciocho años participando de actividades sexuales explícitas”.
Luego de las obtenciones forenses de la tarjeta SD marca “Sandisk”,se realizó un pedido de extracción de testimonio ante la Justicia Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, “a efectos de que dé intervención a la Unidad Fiscal Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas”.