Por Humberto Tumini. Presidente de Libres del Sur.
Frente a los reiterados y extendidos reclamos sociales para que se apruebe un salario universal que atenúe, en parte aunque sea, la extendida pobreza e indigencia que hoy sufren millones de compatriotas, la nueva ministra de Economía, Silvina Batakis, respondió rápidamente: «No hay plata».
Analicemos primero si son adecuadas las demandas que se plantean y, luego, si es cierto lo que dice la nueva funcionaria.
Empecemos por el salario universal. Al respecto voy a reiterar lo que ya he dicho no hace mucho: es bueno poner en claro que en nuestro país se arrastra una crisis de crecimiento desde hace por lo menos 10 años; con Cristina, Macri y Alberto. Y que se ha profundizado severamente desde el 2018 hasta la fecha, mas allá del rebote de 2021 luego del derrumbe del año anterior.
La consecuencia de ello es la visible expansión de la pobreza y la indigencia, como así también una durísima situación laboral.
Tenemos en blanco solo la mitad de las personas en condiciones de trabajar: seis millones en el sector privado, cuatro millones en el público y dos millones en forma independiente; de los cuales al menos el 30% tiene salarios por debajo del nivel de pobreza que determina el INDEC.
A ello debemos sumarle que en el restante 50% están los que trabajan en negro y en la informalidad, en su enorme mayoría con ingresos bien debajo de los que tienen empleo registrado. Como así también los dos millones de desocupados.
Es en esa realidad laboral concreta que tenemos, que en lo fundamental ha sido gestada por los gobiernos neoliberales, donde radica la enorme pobreza que nos agobia. ¿Adónde va a ir a trabajar entonces, en esta situación, en mejores condiciones, la gente que tiene planes sociales, como plantean los sátrapas de la derecha que piden dejar de otorgarlos?.
Qué duda cabe que de la pobreza y la marginación actual se sale con trabajo. ¿Qué organización social desconoce eso? ¿O acaso no hay un reiterado planteo de sus dirigentes de que se debe generar empleo para terminar con los planes sociales? Ahora bien, a dónde están hoy las condiciones para hacer ese tránsito ya o en el corto plazo. Solo con manifiesta mala fe e intencionalidad encubierta de echarle la culpa a los pobres de lo que pasa en la economía del país se puede decir eso.
En realidad, los planes sociales, como los Potenciar Trabajo o los salarios universales que se reclaman, no solo son una necesidad sino, además, una política anticíclica indispensable para no agudizar los tremendos problemas de pobreza por los que atravesamos. Por eso hay que mantenerlos, incrementarlos en su cantidad y en los montos que se pagan por ellos (miserables 22.000 pesos) para que cumplan su importantísimo rol económico y social.
Esto que sostengo arriba refiere al presente, pero si hablamos de futuro, digamos más claramente aún que la solución al agudo problema laboral de nuestra nación, la principal fuente generadora de la pobreza que nos afecta, no va a venir en lo esencial de la mano del mercado como argumentan los liberales. Solo puede provenir de la acción del Estado o no tendrá arreglo.
Por lo pronto, hay una porción de compatriotas, que son varios millones, a los que la prolongada crisis de desocupación y pobreza ha arrojado a una situación educativa y cultural que hace muy difícil su inserción en el mercado del trabajo, aun cuando éste se vaya recomponiendo. A esas personas el Estado debe brindarles formación y un piso de ingresos para que no profundicen su realidad de deterioro y marginación. No solo es una obligación moral obrar así, habida cuenta que no son ellos los responsables de estar en el fondo del pozo, sino que es culpa de los gobiernos de turno de décadas a esta parte. Es, además, una necesidad de la sociedad mitigar las consecuencias de distinto tipo que se generan para todos, al tener a una parte de sus integrantes en semejantes condiciones.
A ello cabe agregarle que el avance de la tecnología significa menos empleos. Particularmente en las actividades económicas importantes y necesarias para insertarse en el mercado mundial, expandir nuestras exportaciones y sustituir competitivamente importaciones. Esto sucede y sucederá aun cuando se genere trabajo en algunos quehaceres alrededor de las mismas.
Pero eso de que la tecnología afecta empleos sucede, además, en otros rubros que tienen que ver con el mercado interno, como las finanzas, el comercio, los servicios, etc.
Por tanto, el camino hacia adelante para resolver los problemas laborales que nos afectan, que también impactan sobre el sistema previsional como es sabido, debe orientarse sí o sí a desarrollar los segmentos económicos que más trabajo generan: las pequeñas y medianas empresas y la economía popular. No solo hay que tener estrategias para ello, sino que es determinante para que podamos tener éxito el rol que juegue el Estado en su apoyo, seguramente por muchos años. Eso muestran las naciones que han avanzado por este camino como Italia o Israel.
Ahí, en ese universo de pymes y empresas de economía popular, con el Estado de columna vertebral, reside el corazón de las posibilidades de construir en definitiva otro país.
Manifiestamente distinto a éste a que nos condujeron la derecha neoliberal y también el pseudo progresismo timorato de los últimos cuarenta y pico de años. En el camino hay que tener todas las estrategias de contención social necesarias.
Vayamos ahora a lo que dijo Batakis respecto de que «no hay plata» en el Estado para esas políticas sociales. Suponemos que lo dice por el elevado déficit fiscal y las exigencias del FMI de que lo bajen. Sin embargo, recortar o no tomar gastos en medidas que benefician a los 18 millones de pobres que tiene el país no parece lo mejor ni propio de un Gobierno que se dice progresista. Lo adecuado en este caso sería achicar el déficit aumentando ingresos desde los sectores pudientes y los más poderosos económicamente, como hacen en los países desarrollados.
Pero está a la vista que no es este Gobierno del Frente de Todos, de Alberto y Cristina, el que va a ir para ese lado. De Vicentin para acá es claro que confrontar con el establishment no es lo suyo. Si hay algo que lo pone negro sobre blanco es el acuerdo que hicieron con el FMI, aceptando cómo valida la estafa de Macri por 45.000 millones de dólares que, ahora, pagaremos todos y todas.
Para demonizar a las organizaciones sociales que defienden a los más humildes se anota no únicamente la derecha opositora, sino que, además, hacen cola los funcionarios oficialistas: Cristina, Zabaleta, Kicillof, Berni, gobernadores e intendentes varios.
Pero cuando los grandes grupos económicos nacionales y extranjeros sobrefacturan importaciones y subfacturan exportaciones por miles de millones de dólares, cuando evaden impuestos por otro tanto y se fugan la plata al exterior bajo cuerda, cuando disparan la inflación, sobre todo en alimentos, con su manejo monopólico de los precios o cuando retienen la soja en los silos para forzar una devaluación que hará más pobres a la mayoría de los argentinos ahí no hay grieta: Gobierno y derecha opositora miran para otro lado.
En definitiva, según ambos y más allá del relato, la crisis la deben pagar los pobres, los trabajadores y la clase media, no los ricos que la generaron.