El máximo tribunal de Justicia de la provincia decidió correr del cargo a Fabián Lorenzini
La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe decidió desplazar al juez del concurso preventivo de acreedores de la empresa Vicentin, le ordenó remitir las actuaciones para poder expedirse y suspendió todos los plazos procesales, en lo que se conoce como un «avocamiento».
La resolución lleva la firma del presidente del máximo tribunal provincial, Julio Gutiérrez, y de la prosecretaria, Fernanda Drago y ordena al juez civil y comercial de Reconquista, Fabián Lorenzini, que remita el expediente a la CSJ.
A través del Oficio número 550, el máximo Tribunal de Justicia santafesina establece que el pedido de avocación, «una vez evacuado el mismo, se deberá remitir el expediente a los fines que esta Corte pueda expedirse con los autos principales a la vista», a lo que también agregó la decisión de suspender «los términos que estuvieran corriendo».
La decisión de la Corte Suprema de Justicia santafesina se produjo un par de semanas después de que el presidente de Vicentin, Omar Scarel, fuera detenido e imputado de desobedecer cautelares que prohíben la venta de activos de la empresa.
El miércoles de la semana pasada, el juez Nicolas Foppiani dispuso la libertad Scarel y le fijó una caución real de medio millón de dólares.
El directivo fue detenido el 6 de junio pasado en la localidad de Avellaneda, en el norte de Santa Fe, por desobedecer presuntamente las órdenes de dos jueces a través de una transacción.
La imputación contra Scarel tiene que ver con que el directivo tenía prohibido innovar sobre la composición de la masa accionaria de Vicentin. De lo que se acusa a Scarel es de celebrar un contrato de compraventa, entre Vicentin y Viterra Argentina SA.
El riesgo que existía, según voceros judiciales, era que el juez Lorenzini homologara la convocatoria antes de que se dirima en el fuero penal la legalidad de la compra-venta de acciones del 33% de Renova a la multinacional Viterra.
La decisión del máximo tribunal santafesino se produjo días antes del 30 de junio, fecha en la que vencía el período de excepción de la convocatoria donde Vicentin está concursada en US$1.575,4 millones.
Más de un 60% de esa acreencia la mantiene con entidades financieras nacionales e internacionales.
En el marco de la causa, Vicentin presentó una propuesta de reestructuración, que fue rechazada por el Banco Nación y el Banco Provincia, entre otras entidades, por considerarla insatisfactoria para los intereses de la banca pública.
La decisión de la Corte Suprema de Santa Fe se produjo luego de que la corredora Grassi S.A., uno de los principales acreedores del concurso, pidiera el avocamiento del concurso de acreedores, señalaron fuentes judiciales.
En los primeros días de esta semana, el diputado provincial del Frente Social y Popular de Santa Fe, Carlos del Frade, advirtió que «si no existe un acuerdo» en el cierre del proceso preventivo de acreedores de Vicentin, la empresa cerealera «irá a la quiebra» .
Según Del Frade, la quiebra es buscada por los directivos de la compañía porque «es la mejor manera de no pagarle a nadie y seguir con sus vidas fastuosas».