Las declaraciones de los gendarmes que viajaron con los pertrechos investigados permitieron a los investigadores, además, reconstruir parte del derrotero seguido por esta municiones hasta llegar a Bolivia
La causa en la que se investiga el presunto contrabando de municiones a Bolivia en los días en los que se produjo el golpe de Estado contra el gobierno de Evo Morales avanzó en los últimos días con la recepción del testimonio de los gendarmes que viajaron en el mismo avión militar que los pertrechos, y los efectivos aseguraron haber visto las cajas y negaron haber realizado disparos de práctica.
«Nosotros no hicimos ningún tipo de entrenamiento», declaró ante la justicia, bajo juramento de decir la verdad, el gendarme Antonio Brito, quien integró el equipo especial Alacrán que en noviembre de 2019 viajó a Bolivia con la misión de proteger la embajada argentina en ese país, la residencia del embajador y a quienes habitaran ambos inmuebles.
La respuesta de Brito, que repitieron además todos los gendarmes que viajaron con él y los que integraron los siguientes contingentes de efectivos desplazados a Bolivia, permitió a los investigadores desmentir la versión que afirmaba que las municiones que viajaron de Argentina a la nación andina no volvieron al país porque se consumieron en prácticas de tiro.
Las declaraciones de los gendarmes que viajaron con los pertrechos investigados permitieron a los investigadores, además, reconstruir parte del derrotero seguido por esta municiones hasta llegar a Bolivia.
Habrían salido de destacamentos de la propia gendarmería y fueron cargadas en el Hércules C-130 por personal de la Fuerza Aérea para finalmente –y según las denuncias del caso- pasar a manos de las fuerzas de seguridad bolivianas.
«La cantidad de armamento no recuerdo. Llevábamos la dotación propia. Arma primaria y secundaria. Cascos y chalecos. Eso es lo que yo recuerdo. Cada uno estaba abocado a una tarea, yo me dediqué al control del equipamiento nuestro. Del control del resto se ocuparon otros», declaró Brito, quien ante posteriores preguntas sostuvo que el «resto» era «un grupo de cajas» que vio afuera de la agrupación de la cual partieron hacia el aeropuerto del Palomar.
«Yo me ocupé del control del armamento de la dotación del equipo. Pero había además unas cajas (…) pequeñas, de 30×20», afirmó el gendarme que después agregó que «cuando armaron la carga en el Palomar, cuando llevaron a ese lugar para armarla, lo armó gente de Fuerza Aérea, lo armaron en un pallet».
Otro miembro dela Agrupación Fuerzas Especiales Alacrán, Juan Carlos Zarza, declaró que «cada integrante llevaba su arma primaria y secundaria, que consistía en fusil y pistola, chaleco y casco. Y las municiones eran las que cada uno tenía asignado por arma» y que el viaje hacia el aeropuerto, el 12 de noviembre de 2019, se produjo en varios vehículos.
«En un vehículo íbamos nosotros, las personas. En el otro iban cajas blancas, que ocupaban casi toda la camioneta y los bolsos nuestros, las mochilas y baúles que llevábamos con nuestro equipamiento», sostuvo el gendarme Zarza.
Después detalló que las cajas «quedaron en un depósito» y agregó: «Había una calle, un portón, y nos dijeron que quedáramos afuera del portón (…) quedaron ahí, y el personal de Fuerza Aérea nos dijo que saliéramos afuera porque no era correcto que estuviésemos ahí». Las cajas, aseguró, las volvió a ver luego «en un pallet arriba del avión. En el Hércules».
Días antes, el 3 de mayo, declaró el sargento e integrante de aquel escuadrón, Diego Villaba, quien aportó el dato de que las cajas cargadas en el avión fueron una «30 o 40».
Otro de los gendarmes que declaró como testigo ante la justicia fue Omar Sande, que afirmó que cuando ingresó al avión «ya había una carga armada» y que «en ese momento no sabía en qué consistía esa carga» pero que luego vio que «eran bultos, cajas, pertrechos de municiones» y «se notaba bien la caja, la etiqueta y el calibre. Las cajas eran de cartucho de escopeta 12/70».
En esta investigación, el juez Alejandro Catania busca reconstruir el destino de las municiones anti-tumulto que salieron de la Argentina con el supuesto propósito de ser utilizadas en la defensa de la sede de la embajada argentina en La Paz y de la residencia del embajador, pero que se habrían desviado hacia otras manos.
En Bolivia, además, se investiga si las municiones enviadas por el gobierno de Mauricio Macri se emplearon en la representación de las manifestaciones populares que se produjeron en las calles de ese país en contra del golpe asestado al administración de Morales.
La Justicia busca determinar qué material fue descargado de aquel vuelo de noviembre de 2019, quién lo descargó, a dónde fue llevado y qué documentación existe al respecto.
Por lo que aún se espera recibir desde Bolivia la documentación respaldatoria de los papeles incriminatorios que ya se encuentran en el expediente, porque fueron aportados por los denunciantes.
Los hechos que dieron origen a esta investigación fueron denunciados el 12 de julio pasado a través de una presentación que llevaba la firma del ministro de Justicia, Martín Soria; la entonces ministra de Seguridad, Sabina Frederic, y la titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Mercedes Marcó del Pont.
En el expediente se encuentran imputados el expresidente Macri; sus ministros de Seguridad y Defensa, Patricia Bullrich y Oscar Aguad; el entonces embajador en Bolivia, Normando Álvarez García; el exdirector general de la Gendarmería Gerardo José Otero; y los entonces directores de Logística y Operaciones de esa fuerza, Rubén Carlos Yavorski y Carlos Miguel Recalde, respectivamente.
El fiscal del fuero Penal Económico Claudio Navas Rial imputó también a los exfuncionarios de la administración Cambiemos Marcos Peña (jefe de Gabinete), Jorge Faurie (canciller) y Fulvio Pompeo (secretario de Asuntos Estratégicos de la Nación).
En el expediente fue asimismo imputado el comandante de Gendarmería Adolfo Héctor Caliba, señalado como quien coordinó con la Policía boliviana el envío de elementos represivos durante los días en los que se produjo el golpe de Estado contra Morales.