Se observa "una falta de mecanismos de participación de la sociedad civil en la evaluación de la implementación de los lineamientos y procedimientos para el abordaje integral" de ese tipo de casos
Además de ponderar el avance en la aprobación de regulaciones sobre violencia contra las infancias, sobre todo las de género y sexuales, un informe del Ministerio de Salud destaca en sus conclusiones la necesidad de lograr la conformación de órganos de seguimiento en todas las jurisdicciones, comunicar los resultados de los que ya funcionan y avanzar en la participación de la sociedad civil en esas acciones y la de empoderar a niños y adolescentes en el ejercicio de sus derechos.
El documento titulado «Análisis de la regulación del abuso y violencia sexual contra niñas/es/os y adolescentes en la Argentina» observa «una falta de mecanismos de participación de la sociedad civil en la evaluación de la implementación de los lineamientos y procedimientos para el abordaje integral» de ese tipo de casos.
Y resalta la escasez en la «investigación, judicialización y sanción de casos de violencia sexual», problemática que responde a múltiples factores. Entre ellas: «obstáculos para el acceso a la Justicia, barreras sociales y estereotipos y prejuicios que dificultan la identificación de qué es violencia sexual, impidiendo su abordaje integral y la garantía del ejercicio de derechos».
Si bien se destacan los esfuerzos para prevenir la revictimización en los procesos judiciales, a través por ejemplo, de pautas para la toma de testimonios en Cámara Gesell, el documento señala que esas acciones deben ser complementadas con el «fortalecimiento de las capacidades» de niños y adolescentes y «su empoderamiento para el ejercicio de derechos».
A su vez, resalta que «la falta de enfoque hacia la prevención y la tendencia hacia medidas punitivas resulta incompleta y, por tanto, insuficiente para dar respuesta a las complejidades del fenómeno en sus dimensiones y especificidades reales».
Por otra parte, el informe del Ministerio de Salud, que cuenta con la participación de Unicef, recomienda:
– Incorporar el enfoque de derechos humanos y género de modo transversal en las políticas de las jurisdicciones;
– Avanzar en el empoderamiento de los niños y adolescentes que sufrieron violencia sexual para que asegurar el desarrollo de capacidades que les permitan ejercer sus derechos;
– Dar «un giro de la criminalización o control hacia la prevención» de los delitos, lo que implica promover la implementación de la educación sexual integral; y
– Fortalecer las «capacidades locales» de los actores implicados en esta problemática.