La medida se formalizó mediante la resolución 82/2022 de la cartera encabezada por Alexis Guerrera y fue publicada hoy en el Boletín Oficial
El Gobierno dispuso una asignación mensual de $3.200 millones en el primer trimestre de 2022 al transporte público por automotor de pasajeros urbano y suburbano del interior del país, con un incremento del 40% respecto de los montos vigentes.
La medida se formalizó mediante la resolución 82/2022 del Ministerio de Transporte y fue publicada hoy en el Boletín Oficial.
El incremento había sido anticipado por el ministro Alexis Guerrera en la reunión del último viernes de gobernadores del Norte Grande, que a su vez manifestaron su apoyo a la decisión de Transporte de discutir con el gobierno de la ciudad de Buenos Aires la transferencia de la potestad de regular las tarifas y los eventuales subsidios de las 32 líneas de colectivos con recorrido dentro del territorio del distrito.
La postura de los gobernadores se fundamentó en que las tarifas de autotransporte de pasajeros en CABA no solo son las más bajas del país, sino que, además, reciben muchos más subsidios del Estado nacional que el resto las provincias.
Al respecto, el gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, sostuvo hoy que «hay profundas asimetrías» en las tarifas del transporte público de pasajeros entre la ciudad de Buenos Aires y el resto del país, como consecuencia de la disparidad de los subsidios que perciben, y reiteró el respaldo a la decisión del gobierno nacional de traspasar la operatoria del servicio a la jurisdicción porteña.
«Estamos de acuerdo con el planteo del gobierno nacional para lograr más equidad. La ciudad de Buenos Aires tiene 32 líneas dentro de su perímetro y tiene subsidio nacional», señaló Capitanich en El Destape Radio.
El mandatario chaqueño recordó que «hasta el 2018, en el gobierno de (Mauricio) Macri, se les pagaba 42% de subsidios», mientras que «hoy se paga un 81% en las 32 unidades de CABA».
Además, puntualizó que «de las 242 líneas del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el 91% las subsidia la provincia de Buenos Aires».
«La ciudad de Buenos Aires contribuye menos, paga menos subsidios y tiene la tarifa más baja del país, en $ 18. En el norte, la tarifa promedio es de $ 50. Hay profundas asimetrías en la tarifa de servicios y de transporte de pasajeros. No queremos ser furgón de cola ni convidados de piedra», afirmó el gobernador de Chaco.
Como contrapartida, desde la administración de Horacio Rodríguez Larreta se puntualizó que la ciudad de Buenos Aires es la más perjudicada en la asignación de recursos de Coparticipación Federal en función de su aporte a la actividad económica global, ya que se le fijó una alícuota del 1,4% a pesar de generar cerca del 20% del Producto Bruto Interno (PBI) de la Argentina.
La resolución de hoy del Ministerio de Transporte fue resaltada por el diputado entrerriano del Frente de Todos Marcelo Casaretto, quien en su cuenta de la red social Twitter explicó que «el objetivo es llegar a $ 46.000 millones en el año», un 70% más que los $ 27.000 millones de 2021.
«El año pasado presenté el proyecto de ley respaldado por los gobernadores y luego incluimos ese monto en el Presupuesto 2022, que fue rechazado por la oposición», recordó el legislador, quien completó su tuit señalando que «ahora el presidente Alberto Fernández dispone sacar este aumento por resolución, haciendo un país federal».
La resolución estableció la distribución del «Fondo de Compensación al transporte público de pasajeros por automotor urbano y suburbano del interior del país» en un monto mensual de $ 3.200 millones para el trimestre enero-marzo, totalizando la suma de $ 9.600 millones para todo el período.
Después del sector energético, el transporte es el mayor demandante de subsidios por parte del Estado nacional, tanto en colectivos y ómnibus de corta, media y larga distancia como en ferrocarriles y transporte aéreo.
El mencionado fondo fue creado con el propósito de «generar un sistema de distribución equitativo y que garantice la trazabilidad del uso de los fondos públicos» por medio de «un proceso de liquidación caracterizado por su transparencia y por brindar un marco de igualdad» para sus beneficiarios, se indicó en los considerandos de la resolución.