“El espíritu de la ley es ayudar a los sectores económicamente más castigados a partir de condonaciones y variadas herramientas de ayuda al contribuyente", comunicaron
La Unión del Personal Superior de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Upsafip) celebró este viernes la sanción de la Ley 27.653 de alivio fiscal, que determinó medidas de fortalecimiento de la reactivación y la promoción de la recuperación y desarrollo económicos para contribuir a emerger de los efectos de la Covid-19.
El secretario general del gremio, Julio Estévez (h), se quejó sin embargo por «la reglamentación de la norma por parte de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) a través de la Resolución General 5101/21», indicó un comunicado.
“El espíritu de la ley es ayudar a los sectores económicamente más castigados a partir de condonaciones, el ofrecimiento de planes de pago y variadas herramientas de ayuda al contribuyente, que atravesó una terrible crisis económica. Pero al reglamentarla, el organismo no excluyó a los sectores que se beneficiaron de forma extraordinaria, como empresas de venta online, logística, seguros y finanzas», afirmó.
Estévez (h) incluyó entre esos beneficiados también a «los laboratorios, droguerías y farmacias y a otras actividades, que dispararon sus extraordinarios ingresos aprovechando ese especial momento que vivió el mundo», remarcó el sindicalista.
El dirigente gremial subrayó que el organismo recaudador nacional incluyó entre los beneficios algunos «no previstos por la norma, como la reducción al 50 por ciento de los honorarios de los cobradores fiscales, lo que es arbitrario y perjudicial».
«Ello perjudica el ingreso del trabajador y, lejos de proteger el derecho básico salarial, evidencia una sociedad con los grandes grupos económicos que se llenaron los bolsillos en momentos críticos y en detrimento del derecho alimentario de los cobradores fiscales», puntualizó el dirigente sindical en el documento de prensa.
El titular del gremio reclamó a la AFIP la inmediata modificación de esa Resolución General y «el respeto por los derechos de los trabajadores del organismo nacional».