CLG dialogó con Ariel D'Orazio, referente de la Concejalía Popular, quien se refirió a la situación inmobiliaria actual: "Detrás del retiro de propiedades claramente hay una política especulativa"
La situación del mercado inmobiliario de Rosario y de los inquilinos es preocupante y motiva numerosos debates. En torno a las propiedades en alquiler la oferta es baja y la demanda es alta, lo que motiva un importante crecimiento en los valores de los contratos. Desde el sector inmobiliario aseguran que las condiciones que trajo la nueva ley motivan a los propietarios a sacar sus propiedades del mercado locatario, mientras que desde las asociaciones de inquilinos denuncian que al renovar contrato se encuentran con aumentos de hasta el 80%. «El Estado no puede ser un mero observador de esta situación», aseveró a CLG el referente de la Concejalía Popular, Ariel D’Orazio.
El 2020 trajo la sanción de la nueva Ley de Alquileres, un reclamo de larga data de las organizaciones que representan a los inquilinos. A la par, hubo un congelamiento de los valores de los contratos durante casi un año. Desde entonces, representantes del sector inmobiliario han cuestionado la nueva norma, al considerar que su aplicación atenta contra las ganancias de los propietarios, y que por tal motivo la oferta su volcó casi en su totalidad a la venta de inmuebles.
En ese sentido, D’Orazio consideró: «Se evidencia una menor oferta y es difícil analizar por qué. Se ha construido muchísimo en Rosario, un informe de la UNR de la semana pasada habla de 100.000 viviendas nuevas en los últimos 30 años, lo que grafica que a pesar del déficit habitacional se ha construido muchísimo, pero desde el sector privado. El problema es que el sector público no tiene injerencia ni en la planificación ni en la ejecución de obras destinadas a resolver el déficit habitacional».
«Hoy lo que hay es una gran cantidad de inquilinos, el doble de los que existían en la década del 90. Esto genera una demanda creciente, porque se ha construido no para resolver un problema habitacional, sino para resguardar el ahorro de determinadas actividades económicas en la región porque en muchos casos el ladrillo da más seguridad que apostar por el mercado de financiero», agregó.
Entonces, el referente de la Concejalía Popular se refirió al retiro de propiedades del mercado locatario: «Ahora, ¿quién se puede dar el lujo de retirar un inmueble del mercado de alquiler? Esa es la principal pregunta que nos hacemos ante esta situación. No puede ser una persona que tenga uno o dos inmuebles y que dependa de ese ingreso para poder complementar una economía familiar, sino que estamos hablando de una persona que construye para especular y en ese marco lo que necesita es bajar la oferta para elevar el valor de un bien de primera necesidad».
«Lo que hay detrás del retiro de propiedades es claramente una política especulativa a la cual hay que combatir, el Estado no puede estar como mero observador de la situación sin generar ningún tipo de intervención», aseveró.
«Lo primero que hay que hacer es perseguir a la vivienda ociosa, no puede haber vivienda ociosa cuando uno tiene una necesidad imperante de resolver una situación tan grave como el acceso al hábitat, un derecho constitucional. Cuando algunos quieren hacer sus negocios a expensas de millones de personas, el Estado debe regular el acceso a la vivienda, algo que no está sucediendo a pesar de la sanción de la Ley de Alquileres», ahondó.
En adición, D’Orazio cruzó a quienes critican la nueva normativa: «Es un error responsabilizar a la ley de Alquileres por los aumentos desmedidos. En primer lugar, la ley no regula los valores iniciales de los contratos, en todo caso podemos empezar a discutir si es necesario, y estamos de acuerdo, creemos que hoy por hoy puede ser necesario. En segundo término, hay que tener en cuenta que los contratos que están venciendo actualmente son contratos que se firmaron con la anterior ley, por ende los inquilinos y las inquilinas se encuentran con un aumento desproporcionado a 10 días de finalizar su contrato, lo cual deja muy poco margen. La ley actual establece que para los contratos nuevos 90 días antes del fin del mismo las partes deben reunirse, comenzar a negociar el valor y 75 días antes de la finalización del contrato ya tienen que estar las propuestas de ambas partes, y si no hay acuerdo el inquilino puede abandonar la propiedad».
«Claramente hay una respuesta de parte del mercado inmobiliario a la mínima regulación que ha establecido la ley nacional de alquileres. Ellos quieren definir absolutamente todo dentro de la relación contractual, desde los plazos a qué paga cada una de las partes, y evadir cualquier tipo de control por parte del Estado, como por ejemplo el registro de contratos de locación», cuestionó.
Además, apuntó contra las inmobiliarias: «En este marco inflacionario, también hay una expectativa de rentabilidad por parte de las inmobiliarias que responden con incrementos de 80% a la hora de renovar un contrato, cosa que no tiene ningún anclaje en ninguno de los índices conocidos. Por supuesto también hay casos donde prima la racionalidad y los incrementos son mucho más acordes a las necesidades de quien alquila».
Por último, D’Orazio reclamó una mayor injerencia del Estado en la situación: «De esto se desprende la necesidad de establecer promoción fiscal para aquellos propietarios que cuidan a sus inquilinos para incentivar la renovación contractual. Además, tiene que haber un registro de la vivienda ociosa para saber cuánta influencia tiene en el valor de la vivienda la especulación inmobiliaria. En tercer lugar, tenemos que empezar a prever como ya hacen en otros lugares del mundo la construcción de vivienda pública. Lo importante es garantizar el acceso al hábitat sin favorecer la especulación, que es lo que desvirtúa el acceso a un bien de primera necesidad».