"No me asociaré con la decisión inhumana y contraproducente de Estados Unidos de deportar a miles de refugiados y migrantes ilegales", aseveró en su carta de renuncia el diplomático
Las deportaciones masivas a Haití y la precaria y tensa situación que aún viven miles de migrantes de ese país caribeño en una zona fronteriza de Texas, sobre la vera del río Bravo, complican cada vez más al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien sufrió hoy un nuevo revés con la renuncia de su enviado especial a Puerto Príncipe por la «inhumana y contraproducente decisión de deportar a miles de refugiados haitianos».
«No me asociaré con la decisión inhumana y contraproducente de Estados Unidos de deportar a miles de refugiados y migrantes ilegales haitianos a Haití», dijo el enviado especial del Departamento de Estado, Daniel Foote, en su carta de renuncia, informó la agencia de noticias AFP.
Foote acusó a Washington de tener una política «profundamente defectuosa» con respecto a Haití y recordó al secretario de Estado, Antony Blinken, que el país antillano está «destrozado» debido a la pobreza, el crimen, la corrupción gubernamental y la carencia de recursos humanitarios.
«Sumida en la pobreza y rehén del terror», la población haitiana «simplemente no puede soportar el flujo forzado de miles de migrantes que regresan y que carecen de comida, refugio y dinero sin provocar una nueva e inevitable tragedia humana», escribió.
A su juicio, más impactos negativos en Haití tendrán consecuencias «calamitosas», no solo para el país, sino también para Estados Unidos y el resto de países del hemisferio.
La renuncia del funcionario ocurrió luego de que el gobierno demócrata empezara el domingo pasado a embarcar en aviones a ciudadanos haitianos que entraron a Texas desde México, para llevarlos de regreso a su país.
La situación en Haití, el país más pobre de América, se desestabilizó en los últimos meses tras el asesinato en julio del presidente Jovenel Moise y el devastador terremoto del 14 de agosto, que mató a más de 2.200 personas, hirió a otras 12.000 heridos, destruyó unas 53.800 casas y dañó a otras 83.770 viviendas.
Washington había suspendido de manera temporal la deportación de inmigrantes haitianos después de que el sismo afectara de manera directa a más de 690.000 personas, 40% de la población de la isla.
Pero después de que más de 15.000 migrantes -la gran mayoría haitianos- entraran en los últimos días al país desde México y se encontraran varados durante días bajo un puente que cruza el río Bravo en la ciudad texana Del Río, las expulsiones se reanudaron y bajo presión de que deben de ser rápidas.
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos indicó que la mayoría de los inmigrantes serían expulsados «bajo el Título 42 de la ley que restringe la inmigración debido a la pandemia del coronavirus».
El masivo flujo de migrantes que buscaba entrar ilegalmente fue embestido con dureza por el servicio de vigilancia fronteriza estadounidense, particularmente por la policía montada, que según denunciaron testigos utilizó sus riendas a modo de látigo para amenazarlos, lo que desató una condena generalizada de grupos de derechos humanos y la ONU.
En consecuencia, el secretario de Seguridad Nacional estadounidense, Alejandro Mayorkas, informó a los líderes de derechos civiles que los agentes fronterizos ya no usarán caballos para detener a los migrantes irregulares en la frontera, según dijo hoy la vocera de la Casa Blanca, Jen Psaki.
Al asumir, Biden prometió un planteamiento más humano que su predecesor, el republicano Donald Trump, en materia de inmigración, lo que dio nuevas esperanzas a muchos migrantes en su intento de cruzar al país.
Sin embargo, el veterano demócrata mantuvo la política de Trump de expulsar y deportar a México a todo aquel que representa «un riesgo alto de salud pública» durante la pandemia, a excepción de los menores no acompañados.
Biden enfrenta una creciente presión política para abordar rápidamente el problema tanto de los republicanos como de sus propias filas, los demócratas.
El flujo migratorio siempre fue constante en la frontera Sur de Estados Unidos y solo registró una leve baja al inicio de la pandemia de coronavirus en 2020.
No obstante, desde la llegada de Biden a la Casa Blanca las detenciones de indocumentados en dicha frontera se dispararon, con un récord de 213.534 en julio pasado, la cifra más alta registrada desde abril de 2000, según datos de la Patrulla Fronteriza estadounidense.
En agosto pasado, el balance fue de de 208.887 arrestos, lo que eleva a más de 1.323.000 el número de migrantes detenidos desde la asunción del líder demócrata, de los cuales casi 57% resultó deportado.
De ese total, unos 596.000 provenían del llamado Triángulo Norte -que integran El Salvador, Guatemala y Honduras- y más de 464.000 de México.
En tanto, del otro lado de la frontera, la tensión reinaba hoy en un campamento de migrantes haitianos en la localidad mexicana de Ciudad Acuña, fronteriza con Texas, tras la llegada de decenas de policías mexicanos.
Según explicó a la prensa el comisionado nacional del INM, Francisco Garduño, las autoridades proporcionarán transporte aéreo y terrestre a los migrantes para poder regresar a los estados de donde salieron para continuar con su solicitud de asilo, además de apoyarlos con el retorno seguro a su país de origen.
Paralelamente, el presidente de México, Andrés López Obrador, informó hoy que en los próximos días su canciller, Marcelo Ebrard, conversará sobre el tema con su par estadounidense.
Los haitianos forman parte de una ola de miles de migrantes agolpados desde hace varias semanas en las ciudades mexicanas de Tapachula (frontera sur con Guatemala) y Ciudad Acuña. Llegan principalmente desde Brasil y Chile, donde habían emigrado tras el terremoto de 2010 que dejó unos 200.000 muertos en la isla caribeña.