Su implementación promete ser tema de discusión en otras latitudes a medida que avanzan las campañas de inmunización
Tildado de «ilegal» por grupos antivacunas y de ultraderecha y defendido con argumentos epidemiológicos y económicos por gobiernos y organizaciones de la sociedad civil, el pase sanitario contra el coronavirus ya es una realidad en varios países de Europa y su implementación promete ser tema de debate en otras latitudes a medida que avanzan las campañas de inmunización.
Surgido en principio para facilitar el viaje entre miembros de la Unión Europea (UE) y para habilitar el ingreso a espacios públicos como restaurantes y espectáculos, en un intento de reflotar el turismo y la economía golpeados por la pandemia, el uso de este tipo de certificados se extendió hasta el transporte y las instituciones educativas.
Aunque los contagios vuelven a expandirse por la variante Delta, un heterogéneo sector de la población que incluye antivacunas, libertarios y grupos de ultraderecha se oponen a su utilización con argumentos que van desde el ataque a las libertades civiles, discriminación y la filtración de datos personales, entre otros.
Orsolya Reich, representante de la ONG Civil Liberties Union for Europe, piensa lo contrario: “En sociedades democráticas puede ser necesario restringir la libertad de una persona para asegurarse de que se respeten los derechos de todos. En consecuencia, bajo ciertas circunstancias, puede ser legal no permitir que personas no vacunadas ingresen a ciertos lugares”.
“El Estado tiene el deber de proteger el derecho a la salud de todos los ciudadanos. Las vacunas protegen no solo a quienes las reciben, sino también a quienes los rodean”, añadió en declaraciones a Télam el oficial de la organización con sede en Berlín.
El Consejo Constitucional de Francia, la máxima autoridad judicial en el tema, lo entendió así al avalar la legalidad de la ley impulsada por el presidente Emmanuel Macron y aprobada por el Congreso, por la que desde el lunes pasado hay que presentar el certificado para entrar a bares, restaurantes, cines, teatros, hospitales y también para realizar trayectos largos en avión, tren o micro.
Sin embargo, esta medida, que incluye además la vacunación obligatoria para el personal sanitario, encontró la resistencia de multitudinarias marchas que desde hace cuatro sábados inundan las principales ciudades francesas con consignas a favor de la “libertad” y en contra de la “discriminación” ante la «imposición» de un pase que consideran “ilegal”.
Este tipo de protestas se replicaron en Italia, Reino Unido y Alemania y, aunque en muchos casos fueron numerosas, representan a un sector minoritario de la sociedad si se toma en cuenta que el porcentaje de adultos inmunizados con al menos una dosis en esos países tiene un piso de 75% y llega hasta el 89% entre la población británica.
El certificado sanitario está vigente también con matices en Dinamarca, Grecia, Portugal, Irlanda, Bélgica y, fuera de Europa, existe en Israel y China, mientras que la ciudad de Nueva York y la provincia canadiense de Quebec pondrán en marcha una iniciativa similar, al igual que la provincia de Buenos Aires en la que existe una norma que amplía el aforo de establecimientos para vacunados.
“La pregunta que los legisladores deben responder antes de prohibir que quienes no estén dispuestos a vacunarse ingresen a ciertos espacios es si existen otras formas, menos infractoras de derechos, a través de las cuales se puede lograr el mismo objetivo y si las restricciones son proporcionales. Para comprender qué es proporcionado y qué es necesario, los políticos deben confiar en la ciencia, consultar a científicos y expertos en salud pública”, indicó Reich.
En la mayoría de los ejemplos europeos, además de la vacunación, el poseedor del certificado aún puede ingresar a un determinado lugar si prueba que superó la enfermedad y tiene anticuerpos o si dio negativo en un test PCR reciente, lo que acalló algunas críticas ante las preocupaciones éticas de crear un documento divisorio de derechos.
“Aunque estos pases pueden incentivar a la vacunación, es crucial que no están diseñados, implementados ni utilizados como un privilegio para quienes tienen acceso a vacunas y pruebas, sino más bien como una forma de crear un entorno epidemiológicamente más seguro para todos”, indicó en ese sentido un comunicado conjunto de dos comités de la Unesco que se encargan de ética de la ciencia y bioética.
A medida que los inmunizantes y testeos son accesibles para todos, por lo menos en Europa y Estados Unidos donde existe una mayor reserva de suministros contra el coronavirus, el argumento de la elección de inocularse o no quedó atrás y varios países ya avanzan con la obligatoriedad de vacunarse, por lo menos para ciertos sectores como trabajadores sanitarios y empleados públicos.
Esta medida también tiene un respaldo legal: el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictaminó en abril que la vacunación obligatoria es «necesaria en una sociedad democrática», en una sentencia pronunciada en un caso solicitado por padres de niños rechazados por guarderías en República Checa por no estar vacunados.