El anuncio del presidente Iván Duque coincidió con la llegada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al país para evaluar la situación en medio del estallido social
El presidente de Colombia, Iván Duque, anunció hoy que modernizará la policía, que está bajo la lupa por la represión de las protestas sociales desatadas hace un mes y causaron más de 60 muertos, mientras el diálogo entre el Gobierno y el Comité Nacional del Paro seguía sin llegar a un acuerdo.
«Hoy anunciamos 10 líneas de acción con las que profundizamos la modernización del Ministerio de Defensa y la transformación integral de nuestra policía; en ese proceso, fortalecemos la política de derechos humanos y elevamos los estándares en la prestación del servicio al ciudadano», afirmó Duque durante la ceremonia de graduación de subtenientes de la policía, en la Escuela de Cadetes General Santander, en Bogotá.
La estrategia de transformación, contenida en un proyecto de ley que será presentado el 20 de julio y en un próximo decreto gubernamental, supone la creación del Viceministerio de Política de Defensa y Seguridad Ciudadana, al igual que una estricta regulación para limitar la comercialización, la portación y el uso de armas traumáticas, cuyo uso por particulares fue denunciado desde el estallido de la crisis..
Sin ceder, en principio, a la presión de los manifestantes que exigen una reforma a la policía, el presidente anticipó una «transformación» del cuerpo adscripto al Ministerio de Defensa y agregó que creará una «dirección de derechos humanos» encabezada por un experto ajeno a la institución.
El anuncio se conoció el mismo día en que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llegó al país para evaluar la situación en medio del estallido social, reportaron las agencias de noticias AFP y Sputnik.
No obstante, ayer, a horas de la llegada de esa misión, la decisión del Gobierno de levantar por la fuerza los bloqueos y de miles de manifestantes de mantenerlos hasta que las autoridades accedan a sus reclamos desató nuevas escenas de violencia con dos nuevos muertos en Cali y casi 30 heridos.
Lo que comenzó el 28 de abril con una manifestación contra un proyecto para incrementar impuestos, que luego fue retirado, terminó en un movimiento de protesta contra el Gobierno agravado por la represión de la policía.
Duque respaldó el accionar de la fuerza de seguridad desde su asunción en 2018; en 2019 lo hizo cuando una serie de manifestaciones antigubernamentales dejaron cuatro muertos, y en 2020, cuando una movilización por el asesinato de un estudiante en poder de la policía tuvo un saldo de 13 víctimas fatales.
«Colombia lleva más de 20 años con su escuadrón móvil antidistrubios; hemos visto los mínimos casos de incidentes letales», sostuvo Duque, y agregó que brindará «nuevas herramientas» para que el cuerpo actúe «minimizando las situaciones o riesgos de letalidad».
El presidente también anticipó la creación de un «nuevo estatuto disciplinario policial», la supervisión y el control del servicio policial, un nuevo sistema de recepción, trámite y seguimiento de quejas, y la implementación de cámaras corporales y el cambio de color de los uniformes de la institución, que pasaran del verde al azul.
Asimismo, anticipó que incluirá la profesionalización y el desarrollo policial con la puesta en marcha de un Centro Policial de Estándares y una nueva Universidad Policial.
En más de media década de conflicto armado, la policía colombiana se especializó en la lucha contra el narcotráfico y las guerrillas, y desde mediados del siglo XX depende del Ministerio de Defensa, pero a raíz de los abusos denunciados durante el último mes diversos sectores piden que regrese al Ministerio del Interior.
Duque descartó la semana pasada esa posibilidad, tras señalar en un conversatorio en el Consejo de las Américas que cuando el organismo dependió del Ministerio del Interior hubo «momentos muy difíciles donde hubo una gran politización de la Policía Nacional», por lo cual se «exacerbó la violencia partidista».
En la misma línea, admitió que se presentaron casos de abuso policial en el actual paro nacional, pero aclaró que «no muestran una tendencia de carácter sistemático» y enfatizó que los casos son investigados.
Actualmente, al menos 61 personas murieron desde que iniciaron las protestas, según autoridades y la Defensoría del Pueblo. Dos de ellos eran uniformados.
La ONG Human Rights Watch aseguró tener «denuncias creíbles» sobre 67 muertes ocurridas desde que comenzaron las protestas, y confirmó que 32 de ellas «tienen relación con las manifestaciones».
Además, diversos balances oficiales y extraoficiales hablan de unas 90 personas que participaron de alguna protesta cuyo paradero se desconoce.
El país vivió su jornada más sangrienta hace apenas una semana, cuando 13 personas murieron en Cali, en medio de enfrentamientos entre manifestantes y policías respaldados por civiles armados, que disparaban a los manifestantes.
El hecho, que se difundió rápidamente, indignó a los voceros del Comité Nacional del Paro, quienes adelantan desde hace semanas un diálogo con el Gobierno sin llegar a acuerdos y divididos por el accionar de la fuerza pública.
El llamado Comité Nacional de Paro (CNP), que no representa a todos los sectores que se manifiestan, exige «garantías para la protesta» y que el presidente se disculpe por los excesos de la policía.
Por su parte, el Gobierno exige que el CNP condene decenas de bloqueos viales, a los que atribuye la muerte de dos bebés atrapados en ambulancias y millonarias pérdidas.