Ceballos anunció su salida del cargo en medio de otra jornada de conversaciones, hasta acá sin resultados concretos aunque se habla de avances, mientras se repitieron bloqueos y concentraciones en varias ciudades
El Gobierno de Colombia y los sectores que alientan el paro nacional y las movilizaciones en el país hicieron hoy otro intento por acordar las garantías para las protestas, antes de abordar la negociación central sobre las demandas del Comité Nacional del Paro (CNP), en una jornada que terminó marcada por la renuncia del alto comisionado para la Paz, Miguel Ángel Ceballos, uno de los responsables del diálogo por parte del Poder Ejecutivo.
Ceballos anunció su salida del cargo en medio de otra jornada de conversaciones, hasta acá sin resultados concretos aunque se habla de avances, mientras se repitieron bloqueos y concentraciones en varias ciudades y se conoció que un policía murió y seis personas resultaron heridas en enfrentamientos en Cali.
“Yo le comenté al Presidente de la República que iba a dejar el Gobierno desde diciembre del año pasado. Concretamente el 22 de diciembre. Y le reiteré esa voluntad el día 3 de mayo de este año, fecha en la cual formalicé esa decisión de irme a partir del 26 de mayo”, relató Ceballos.
Ceballos insistió en que le dejó en claro al presidente Iván Duque que “oficialmente” su último día en Palacio (de Nariño) sería el 25 de mayo”.
El alto comisionado encabezaba en nombre del Gobierno las charlas para llegar a un acuerdo en torno de las garantías para las protestas, lo que permitiría, sí, después, avanzar en las demandas en concreto.
De hecho, el futuro ex funcionario aportó detalles de las conversaciones hasta esta misma madrugada en su Twitter.
“El Gobierno Nacional valora los avances en la construcción de un documento con puntos de acuerdo que fortalezcan la garantía de los derechos a la vida, salud, trabajo y seguridad alimentaria de todos los colombianos, los que marchan y los que no marchan”, escribió al abrir un hilo sobre el devenir de las gestiones.
Había resaltado ya que las negociaciones habían “avanzado positivamente en la construcción de puntos de acuerdo relacionados con el fortalecimiento de las garantías para el ejercicio de la movilización pacífica».
El de hoy fue el tercer encuentro con el mismo objetivo, después de 17 horas de reunión el jueves y otras 14 ayer, y de un intercambio de cinco documentos, según detalló el ex congresista Alirio Uribe, integrante del CNP.
El ministro de Trabajo, Ángel Custodio, aseguró que también se buscaba fortalecer «la garantía de los derechos a la vida, salud, trabajo y seguridad alimentaria de todos los colombianos; tanto de los que marchan, como de los que no».
Y renovó la pretensión del Gobierno de “condenar los bloqueos que hoy persisten y de hacer los esfuerzos necesarios, con el concurso de gobernadores y alcaldes, para lograr inmediatamente el levantamiento” de los cortes.
La cuestión es central al punto que la muerte del policía en Cali se dio precisamente cuando las fuerzas de seguridad intentaron desarmar un bloqueo levantado por los manifestantes en la zona de Puerto Maderas, según la Policía local.
En su cuenta de Twitter, el presidente Duque condenó el hecho y dio instrucciones al Ministro de Defensa y al director de la Policía «para que se capture a los autores del vil asesinato del patrullero Juan Sebastián Briñez, víctima en Cali de un ataque perpetrado por criminales que utilizaron fusil”. “Toda mi solidaridad a sus seres queridos», agregó.
Según el sitio de Caracol Radio, en ese episodio también resultaron heridos otros dos agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), la fuerza policial acusada de innumerables abusos y represión discriminada.
En tanto, la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República expresaron, a través de un comunicado, que la protesta pacífica representa “un derecho fundamental” pero advirtieron que los bloqueos y obstrucciones a la vía pública “no constituyen una expresión de protesta pacífica, pues violan los derechos y producen daños irreparables a la población”.
Aclararon además que “los instigadores” de esta mecánica de protesta “pueden estar en incursos en responsabilidad penal”.
Las protestas que sacuden Colombia desde el 28 de abril comenzaron como una movilización contra la reforma fiscal planteada por el Gobierno, que fue rápidamente retirada del Congreso, pero los manifestantes, duramente reprimidos en las calles, mantuvieron la protesta, ahora extendida en un pliego de nuevas reivindicaciones en materia social, de educación y salud.
La ola de manifestaciones dejó más de 50 muertos, según las organizaciones, y centenares de heridos. Oficialmente, la Defensoría del Pueblo da 42 muertos.