El mandatario desafió continuamente las recomendaciones para controlar la propagación del virus
El Senado de Brasil instaló este martes una comisión para analizar la actuación del gobierno durante la pandemia de coronavirus, una investigación que puede impactar en la tentativa de reelección en 2022 del presidente Jair Bolsonaro, quien también hoy vio frustrado su intento para influir en esa investigación a raíz de una decisión judicial que habilitó el nombramiento de Renán Calheiros como relator de esa comisión.
El mandatario desafió continuamente las recomendaciones para controlar la propagación del virus: criticó las medidas de cuarentena, rechazó el uso de mascarillas, cuestionó las vacunas y promovió el uso de remedios como la hidroxicloroquina, sin eficacia comprobada contra la enfermedad.
Brasil enfrenta problemas para conseguir vacunas para inmunizar a sus 212 millones de habitantes y se aproxima a los 400.000 muertos por la pandemia, un balance superado solo por Estados Unidos.
La comisión parlamentaria de investigación (CPI) analizará si hubo negligencia o actos de corrupción en el manejo de la pandemia, incluido en la crisis de suministro de oxígeno que en enero provocó la muerte por asfixia de decenas de personas en Manaos, capital del estado Amazonas.
«Creo que esta investigación creará muchos problemas para el presidente», dijo a la agencia AFP el analista Andre Rehbein Sathler, de la Unidad de Inteligencia del portal de noticias Congresso em Foco. «Ni hace falta una investigación en realidad. Las acciones del gobierno durante la pandemia están allí, a la vista de todos», apuntó.
«No sólo omisiones, sino también acciones. El gobierno federal fue a la corte suprema para tratar de impedir las medidas de distanciamiento social impuestas por los estados, se negó a comprar vacunas y minimizó la pandemia», agregó Sathler, citado por AFP.
La comisión parlamentaria, que tiene un mandato renovable de 90 días, fue instalada por orden del Supremo Tribunal Federal (STF).
Este tipo de comisión puede desembocar en un proceso de destitución, como ocurrió con el presidente Fernando Collor a inicios de la década de 1990. Pero también puede terminar en nada, según la marea política.
Bolsonaro se alió este año con partidos de centroderecha conocidos como el «Centrao», con la esperanza de protegerse de un eventual «impeachment», pero la alianza da señales de debilidad y los sondeos muestran que puede ser derrotado en los comicios de octubre de 2022, en particular por el exmandatario de izquierda Luiz Inácio lula da Silva, quien se perfila como su principal adversario.
Algunos expertos conjeturan que el gobierno tratará de culpar del desastre sanitario al exministro de Salud Eduardo Pazuello, un general del Ejército, destituido por Bolsonaro en marzo, cuya gestión fue ampliamente criticada.
Pero, agregan, Pazuello podría arrastrar a otras personas en su caída.
En esta misma jornada, el Tribunal Federal Regional de apelaciones de Brasil tumbó la medida cautelar dictada ayer por una corte federal para que el senador Renan Calheiros no pudiera asumir el cargo de relator de la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) que analiza la gestión de la pandemia del presidente, Jair Bolsonaro.
La petición para dejar a Calheiros fuera de la CPI proviene de una de las principales socias de Bolsonaro en el Congreso, la senadora del Partido Social Liberal (PSL) Carla Zambelli, quien aseguró en su demanda que esta designación atentaba contra la «imparcialidad que se supone de un relator».
Zambelli señaló que Calheiros es incompatible para el puesto, puesto que no solo él mismo tiene procesos en su contra en fase de tramitación en el Tribunal Supremo, sino que también se puede llegar a encontrar en una situación de conflicto de intereses, puesto que es padre del gobernador de Alagoas y la CPI tendrá que investigar el posible desvío de fondos enviados a los estados para combatir contra la pandemia.
El vicepresidente del tribunal, el magistrado Francisco de Assis Betti, explicó que la medida provisional que impedía el nombramiento de Calheiros interfería «de manera decisiva en la autonomía y en el ejercicio de las funciones inherentes al Poder Legislativo», informó la agencia de noticias Europa Press.
A su vez, argumentó que esto podría generar «un daño grave al orden público, desde la perspectiva del orden constitucional administrativo», así como a la independencia y a la armonía entre los Poderes de la República», informó la cadena de televisión O Globo.