Jimmy Lai, de 73 años, actualmente está detenido de forma provisoria en virtud de la nueva Ley de Seguridad Nacional impuesta por China y pasará los próximos 14 meses tras las rejas por pronunciarse en contra del gobierno
La Justicia de Hong Kong condenó este viernes a 14 meses de prisión al magnate de la prensa y conocido activista enemigo de Beijing, Jimmy Lai, acusado de haber participado en la organización de dos de las manifestaciones más grandes a favor de la democracia, realizadas en 2019 en el territorio semi-autónomo.
Lai, de 73 años, actualmente está detenido de forma provisoria en virtud de la nueva Ley de Seguridad Nacional impuesta por China.
El activista fue sentenciado a dos condenas distintas: una de 12 meses de prisión, por haber organizado una importante protesta prodemocracia en agosto de 2019, y otra de 8 meses de cárcel por haber participado en otra manifestación antigubernamental.
Sin embargo, solo tendrá que pasar 14 meses en prisión, informó la agencia de noticias AFP.
Además de Lai, fundador del diario Apple Daily, crítico con Beijing, la jueza Amanda Jane Woodcock, del Tribunal de Kowloon Occidental, también impuso penas de un año y medio de prisión para el exlegislador Leung Kwok-hung y de un año para el vicepresidente del Partido Laborista Lee Cheuk-yan.
Otros seis activistas también recibieron condenas, aunque en algunos casos ésta fue suspendida durante 24 meses.
El tribunal ordenó la libertad condicional para otros cuatro acusados, incluyendo al reputado abogado de 82 años Martin Lee, conocido como el «padre de la democracia» en Hong Kong, y a la abogada y exdiputada Margaret Ng, de 73 años.
Muchas de las manifestaciones de 2019 derivaron en enfrentamientos entre los asistentes y los agentes antidisturbios, y representaron un importante desafío para las autoridades desde que la excolonia británica fuera retrocedida por el Reino Unido en 1997.
Las autoridades chinas y las de la ciudad semiautónoma lograron silenciar el movimiento con una violenta represión y una draconiana ley de seguridad nacional que criminaliza la disidencia.