El condenado, Ángel Gerardo García, llegó al juicio oral y público con prisión preventiva en la Unidad Penal 1 de la capital entrerriana, por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual
El Tribunal Oral Federal de Paraná condenó hoy a 10 años de prisión a un suboficial de la Policía de Entre Ríos, tras declararlo culpable de prostituir y explotar sexualmente durante unos 10 años a su esposa en ciudades de esa provincia y Corrientes, quien pudo ser rescatada en 2019 luego de un llamado a la línea 145.
El condenado, Ángel Gerardo García, llegó al juicio oral y público con prisión preventiva en la Unidad Penal 1 de la capital entrerriana, por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual, y cumplía funciones en la Jefatura Policial de la ciudad de La Paz, pero vivía en Santa Elena, al igual que la víctima.
Durante los alegatos de clausura, el fiscal federal José Candiotti había solicitado al juez Roberto López Arango 11 años de prisión y que se disponga un automóvil Volkswagen Bora, propiedad de García, como reparación de la violencia económica sufrida por la mujer, madre de dos hijos.
Candiotti afirmó que la víctima «fue tratada como mercancía, afectando su dignidad», en un acto «consciente de García, que sabía la ilicitud de lo que hacía y la finalidad», y García aprovechó que era su pareja y convivente; que es oficial de la Policía de Entre Ríos; y ella estaba en situación de vulnerabilidad».
El fiscal detalló que los abusos ocurrían en diferentes localidades de Entre Ríos y hasta de Corrientes; y las psicólogas indicaron en el juicio que la mujer se veía «muy vulnerada y despojada de su identidad, aislada y sin documentación», ya que el policía no le permitía tener acceso a dinero, ni a DNI, ni contactarse con alguien sin su supervisión.
Además, recordó que el policía rompió la orden de restricción interpuesta, que tenía amenazada a la víctima «con que tenía contactos», y que la explotación comenzó en 2009 y recién finalizó en abril de 2019, luego de un llamado de su hermana a la línea 145 donde advertía la situación.
El 27 de ese mes, Gendarmería Nacional irrumpió en la vivienda del barrio Fátima de Santa Elena, donde convivían y, tras constatar las denuncias, procesaron al suboficial y la mujer fue trasladada y asistida por el Programa de Prevención, Protección y Asistencia a las Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas de Entre Ríos.
«Con todas las violencias físicas, psicológicas, económicas, simbólicas y sexuales García fue creando un encarcelamiento psicológico para tratarla como mercancía, afectando su dignidad y actuando con conciencia», concluyó Candiotti.
La víctima relató que el policía «la invitaba a tomar cerveza, la hacía cambiar de ropa, la obligaba a tomar pastillas y a estar con hombres que la filmaban y le sacaban fotos que utilizaba luego para extorsionarla», y recordó que García «la hizo estar con siete policías, mientras ella lloraba y pedía que la dejen pero no pararon».
Por su parte, el abogado defensor Manuel Valle pidió la absolución, ya que consideró que «no hay prueba contundente», y que se trató de «una falsa acusación para separarse y quedarse con los bienes».
«Soy inocente y esto es algo armado, nunca hice eso que dice mi señora exsuegra, vengo de una familia bien constituida», agregó García desde la Unidad Penal, en sus últimas palabras.
Durante el juicio la víctima declaró con una psicóloga, ratificando los hechos; y también dieron su testimonio su hermana, su madre, uno de sus hijos, y la ginecóloga que intentó atenderla en Santa Elena pero que sufrió violencia por parte de García.
Pasado este mediodía, el juez lo declaró culpable del delito de trata de personas con fines de explotación sexual, y por promoción y facilitación de la prostitución; todos agravados por la condición de funcionario de una fuerza de seguridad, por haber sido la víctima su cónyuge y conviviente, porque se consumó el delito, por la situación de vulnerabilidad con la que fue rescatada.
Asimismo, ordenó la entrega del vehículo, y que García permanezca detenido con prisión preventiva hasta que la sentencia quede firme en la Unidad Penal 1 de Paraná.