El ahora ex diputado deberá avanzar en una agenda que incluye la reforma de la Justicia Federal y la reforma de la Ley del Ministerio Público Fiscal
El designado ministro de Justicia, Martín Soria, tendrá como uno de sus desafíos hacer valer su experiencia como diputado nacional para empujar los proyectos de ley que están estancados en la Cámara baja por falta de consensos.
Su conocimiento «in situ» de Diputados, la correlación de fuerzas, los distintos actores que allí pulsean le dan un plus a la hora de pensar estrategia para mover influencias y contactos de manera tal de empujar la agenda parlamentaria judicial, que incluye la mentada reforma de la Justicia Federal y la reforma de la Ley del Ministerio Público Fiscal.
En agosto del año pasado, el oficialismo logró aprobar en el Senado la reforma judicial, que apunta a crear un nuevo fuero penal federal y más juzgados, fiscalías y cámaras de apelaciones en siete provincias.
El objetivo en definitiva es diluir el poder que tienen los jueces y juezas federales, a los que sectores del Frente de Todos acusan de intervenir o manipular causas con fines políticos, especialmente en el marco de maniobras tendientes al «lawfare» o persecución política.
En Diputados, el oficialismo no goza de mayoría propia y el proyecto quedó cajoneado hasta tanto no se consigan los cerca de ocho votos que restan.
Desde el kirchnerismo acusan a la renunciante ministra Marcela Losardo de no haber puesto el cuerpo a la reforma judicial, de no haberse apersonado en la Cámara baja para al menos dar la pelea por esos votos.
El fuego amigo «agobió» a la ministra, quien le presentó la renuncia al presidente Alberto Fernández, quien la envió a París como embajadora política ante la UNESCO, donde estará a salvo de las críticas.
En este sentido, Soria se presenta como una figura más proclive a embarrarse en la disputa parlamentaria, aprovechando que conoce el paño y a los interlocutores con los que tendrá que negociar.
Así como con la reforma judicial, lo mismo ocurre con el proyecto para modificar la Ley del Ministerio Público Fiscal, que en resumidas cuentas se propone cambiar las mayorías necesarias para elegir al titular de la Procuración General, además de acortar el mandato.
Se sabe que el jefe de Estado quiere nombrar allí a Daniel Rafecas, pero la oposición no quiere dar el aval bajo el argumento de que el Gobierno quiere consagrar la impunidad para Cristina Kirchner y otros funcionarios kirchneristas.
Al oficialismo le faltan un puñado de votos, posiblemente los mismos ocho que en el caso de la reforma judicial: la mayoría son diputados provinciales con los que habría que buscar alguna moneda de cambio para negociar.
El rionegrino podría jugar allí para destrabar esa resistencia, negociando los votos uno por uno.
La norma actual exige que el acuerdo para nombrar un nuevo procurador sea con dos tercios de los votos del Senado.
La iniciativa que obtuvo media sanción habilita la mayoría absoluta de la mitad más uno de los votos, en tanto que acorta el mandato a cinco años, prorrogable por un período de cinco años más.
El argumento es que al ya no tratarse de un cargo vitalicio es válido cambiar la mayoría necesaria para la designación, como ocurre ya en países como Brasil y Paraguay, donde se aplica el criterio de la mayoría simple.
Para la remoción del procurador, el proyecto del oficialismo sí exige una mayoría agravada de dos tercios.
En el discurso de apertura de sesiones ordinarias, Alberto Fernández anunció que enviará un proyecto para regular el funcionamiento del recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
También anunció que el Poder Ejecutivo enviará un proyecto para reformular el funcionamiento del Consejo de la Magistratura como órgano constitucional a cargo del proceso de selección y capacitación de los jueces en la Argentina.
Soria tendrá el desafío de lograr que estas iniciativas puedan llegar a buen puerto.
Todavía es incierto qué sucederá con la llamada «ley Parrilli» que propone crear una comisión bicameral evaluadora de la Justicia, que tendrá funciones de asesoramiento, sin capacidad sancionatoria.
El proyecto había sido impulsado por el propio Gobierno, pero generó rechazo en la oposición y hay serias dudas de si una iniciativa de este tipo podría conseguir los consensos suficientes para resultar aprobada.