Fueron imputados por los delitos de "allanamiento ilegal de domicilio, privación ilegítima de la libertad, vejaciones calificadas por el uso de la violencia, lesiones y amenazas"
Cuatro policías salteños fueron imputados por los delitos de «allanamiento ilegal de domicilio, privación ilegítima de la libertad, vejaciones calificadas por el uso de la violencia, lesiones y amenazas», luego que la Justicia los acusó de haber ingresado en 2020 a una casa en la ciudad de Rosario de la Frontera, donde golpearon y amenazaron a sus moradores mientras dormían, informaron hoy fuentes judiciales.
La fiscal penal de Derechos Humanos, Verónica Simesen de Bielke, dispuso la apertura del decreto de imputación contra cuatro efectivos de 36, 25, 44 y 37 años, todos con revista en la División de Seguridad Urbana de la citada localidad, situada a 185 kilómetros al sur de Salta Capital.
Los policías fueron acusados por los delitos de «allanamiento ilegal de domicilio, privación ilegítima de la libertad, vejaciones calificadas por el uso de la violencia y lesiones leves en concurso ideal, y amenazas en concurso real», en calidad de coautores.
La audiencia de imputación, en la que se dará a conocer las acusaciones puntuales a cada uno de ellos, está prevista para el miércoles 24 de febrero, adelantaron los voceros.
Las actuaciones de la Fiscalía Penal de Derechos Humanos comenzaron con la denuncia de dos hermanos, quienes relataron que el 5 de abril de 2020, cerca de las 5 de la madrugada, dormían en su vivienda, en el barrio Arturo Menu, de Rosario de la Frontera.
Los hombres aseguraron que escucharon ruidos en la puerta, por lo que se levantaron para ver qué sucedía y observaron a los uniformados, que golpeaban a un vecino.
Ambos relataron que, en esas circunstancias, fueron vistos por uno de los policías, quien sacó su arma, les apuntó y les gritó “quédense quietos o los quemo”, tras lo cual fueron esposados y golpeados, mientras los subían a un patrullero.
Una vez allí y mientras permanecían arrodillados y esposados, fueron golpeados con una cachiporra en la espalda y posteriormente trasladados al hospital, donde fueron examinados.
Luego, los denunciantes relataron que fueron nuevamente subidos al móvil, donde uno de los efectivos les propinó golpes de puño y con la punta de la cachiporra en el estómago, para luego ser trasladados a la comisaría 31, donde los amenazaron, al decirles que la próxima vez, serían llevados a un descampado y que “no la iban a contar”.
Uno de los denunciantes se encontraba en la casa junto a su esposa e hija.
Del decreto de imputación surgió que los efectivos ingresaron a la vivienda sin que existiera motivo suficiente autorizado por ley, y una vez allí, con exceso en sus funciones, detuvieron a las víctimas sin la autorización de la autoridad competente.
Además, acometieron contra de la integridad física de los detenidos, al causarle las lesiones que fueron constatadas.
Simesen de Bielke sostuvo que los hechos fueron corroborados con las denuncias de las víctimas, los certificados médicos, la nómina de los efectivos que estuvieron en el móvil y la copia del libro de guardia, entre otros elementos de convicción reunidos, que dieron cuenta de la participación punible de los acusados.