La jueza en lo Contencioso Administrativo Federal María Alejandra Biotti rechazó el pedido hecho por una cooperativa para que el Poder Ejecutivo informe sobre el acuerdo que firmó con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para liberar un préstamo por 50 mil millones de dólares.
El pedido había sido hecho en base a la ley de acceso a la información pública a través de un amparo presentado por la Cooperativa 22 de Mayo de Trabajo Limitada.
La magistrada rechazó «in limine» el amparo (esto es sin darle tratamiento, ndr) porque consideró que previamente el pedido debe hacerse ante el Poder Ejecutivo, cosa que no se hizo.
A través del amparo, la Cooperativa 22 de Mayo de Trabajo Limitada pretendía conocer los alcances del acuerdo del Gobierno Nacional con el FMI.
Por ello solicitaba «información clara, completa, detallada, suficiente y oportuna sobre las condiciones y los términos contractuales del empréstito público acordado con el Fondo Monetario Internacional».
Previo a la decisión de la jueza, el fiscal del fuero Fabián Canda dictaminó por rechazar el planteo al evaluar que no se cumplió la ley de acceso a la información, la 27.275, que establece un mecanismo.
El mismo prevé que debe pedirse información al Gobierno primero y éste debe dar respuesta dentro de los 15 días, que en caso de no haberla sí se puede recurrir a la Justicia.
«Surge del texto normativo la existencia de un mecanismo específico previo a la interposición de acciones judiciales tendientes a lograr el acceso a la información pública que, en el presente caso, no ha sido seguido por la accionante», explicó el fiscal en su dictamen.
La jueza Biotti en línea con lo opinado por la fiscalía falló que no hay razones «suficientes para prescindir del cumplimiento de ese requisito legal».
De esta manera rechazó el amparo pero la Cooperativa puede apelar a la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal o bien seguir el camino de primero reclamar ante el Gobierno Nacional.