El fin del arancelamiento universitario dispuesto por Perón el 22 de noviembre de 1949 sumó derechos a los ya introducidos por la Reforma de 1918.
“Se contempló un panorama de conjunto y se hizo la conquista más grande. La universidad se llenó de hijos de obreros, donde antes estaba sólo admitido el oligarca”, evaluaba Juan Domingo Perón, dos décadas después de haber establecido la gratuidad de los estudios superiores. Al cumplirse 71 años de ese significativo hecho político, las universidades públicas celebraron debates, conferencias y otros eventos para celebrar aquella decisión adoptada por el presidente Perón el 22 de noviembre de 1949, medida que se hizo efectiva por medio del decreto 29.337.
Por entonces, sólo existían las universidades nacionales de Buenos Aires, Córdoba, Cuyo, La Plata, Tucumán y Litoral, todas aranceladas. El impacto de la norma hizo que se pasase de 51.272 estudiantes en 1947, a 143.542 en 1955.
Al homenajear a Manuel Belgrano, el 20 de junio de 1949, Perón prometió: “Interpretando sus ideas y sentimientos, que lo impulsaran a destinar sus bienes y recompensas para construir escuelas en la rudimentaria comunidad Argentina de su tiempo, deseo anunciar que desde hoy quedan suprimidos los aranceles universitarios, en forma tal que la enseñanza sea absolutamente gratuita y al alcance de todos los jóvenes Argentinos que anhelan instruirse para el bien del país. Para honrar a los héroes nada mejor que imitarlos”.
La promesa se transformó en realidad. El artículo 1° del decreto 29.337 establece la suspensión de los aranceles con anterioridad al Día de la Bandera de aquel año y señala que “como medida de buen gobierno, el Estado debe prestar todo su apoyo a los jóvenes estudiantes que aspiren a contribuir al bienestar y prosperidad de la Nación, suprimiendo todo obstáculo que les impida o trabe el cumplimiento de tan notable como legítima vocación”.
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A ese hito fundamental se había llegado después de otro, la Reforma Universitaria de 1918, que contó con el aval político del presidente radical Hipólito Yrigoyen y su ministro de Justicia e Instrucción Pública, el riojano José Santos Salinas, aunque no se había incorporado la gratuidad.
En 1953, el segundo gobierno peronista eliminó el examen de ingreso de las universidades públicas, y al año siguiente aprobó la ley 14. 297, que fue la primera norma sancionada por el Congreso que incluyó la gratuidad universitaria. El capítulo I, “De la misión y organización de las universidades”, inciso 7 del artículo 1º, establece “asegurar la gratuidad de los estudios”.
Quedaba plasmada así la concepción fundamental del peronismo con respecto a la educación superior, para desarrollar la investigación científica y tecnológica, con el propósito de reemplazar el país meramente agroexportador, matriz de nuestros males centenarios, por una Argentina moderna capaz de exportar productos con alto valor agregado.