Los miembros de la última dictadura cívico militar se encuentran prófugos y el monto por aportar datos es de seis millones de pesos
El gobierno restableció este viernes la suma de 6 millones de pesos como recompensa para poder hallar a once represores prófugos, incluido uno cuya esposa presentó ante la Justicia un certificado de defunción sudafricano que fue cuestionado por la Justicia y un ex marino que fue recientemente escrachado en Berlín.
A través de la Resolución 433/2020, publicada este viernes en el Boletín Oficial, el Ministerio de Seguridad puso nuevamente en vigencia la oferta de dinero para aquellas personas que brinden datos útiles para poder capturar a los miembros del aparato represivo de la última dictadura militar.
Los represores buscados son Carlos Alberto Arroyo, José Luis Piedra, Horacio González Llanos, Fernando Federico Delgado, Juan Carlos Linarez, Héctor Mario Schwab, Jorge Raúl Vildoza, Ángel Ervino Spada, Miguel Ángel García Moreno y Juan Carlos Vázquez Sarmiento: algunos estuvieron detenidos y se fugaron de distintos establecimientos penitenciarios.
El caso de Vildoza se destacada del resto debido a que Ana María Grimaldos, la esposa del capitán de navío que fue jefe del Estado Mayor del Grupo de Tareas de la Escuela de Mecánica de la Armada, había presentado en 2012 ante la Justicia un certificado de defunción expedido en Sudáfrica siete años antes.
La mujer declaró ante la juez María Romilda Servini que el represor había sido cremado en Ciudad del Cabo, por lo que la magistrada envió a un perito de la Policía Federal para corroborar la información: el especialista descubrió que las huellas digitales que figuraban en el certificado de defunción no eran de Vildoza.
En tanto, mediante la Resolución 437/2020 se adoptó la misma medida para hallar a Luis Esteban Kyburg, quien fuera segundo comandante de Buzos Tácticos en la Base Naval de Mar del Plata durante la última dictadura militar, aunque la suma ofrecida es de un millón de pesos.
Lo curioso del caso de Kyburg es que el represor fue escrachado en septiembre pasado en Berlín, donde miembros de Hijos Deutschland lo hallaron viviendo con la doble ciudadanía: ésa documentación hizo que el Estado alemán se negara a extraditarlo pese al pedido que hizo la Justicia argentina en 2015.